Emergencias médicas colapsadas por detenidos que no requieren atención urgente
Las salas de emergencia de los hospitales dominicanos enfrentan un grave congestionamiento debido al traslado masivo de personas detenidas, muchas de ellas sin necesidad real de atención médica. La Sociedad Dominicana de Emergenciología (SODOEM) denunció que esta práctica, impulsada por requerimientos administrativos policiales, pone en riesgo tanto a pacientes críticos como al personal sanitario.
Según la entidad, grupos de hasta 15 detenidos son llevados diariamente a los hospitales para obtener certificados que acrediten su buen estado de salud. Estos traslados, advierten, consumen recursos valiosos en unidades ya saturadas y obligan a los médicos a priorizar trámites sobre emergencias reales como infartos o accidentes cerebrovasculares.
Un problema de seguridad nacional
SODOEM enfatizó que las emergencias hospitalarias están diseñadas para tratar condiciones agudas y graves, no para actuar como notarías médicas. "Un diagnóstico responsable no se hace a presión ni con prisas", advirtió la sociedad, alertando sobre los riesgos legales y éticos de certificaciones apresuradas.
El gremio también señaló que agentes policiales presionan a los médicos para acelerar los trámites, incluso interrumpiendo atenciones urgentes. "Abandonar a un politraumatizado para firmar un papel es inaceptable", remarcaron.
Propuesta para descongestionar el sistema
Como solución, SODOEM propuso crear consultorios médicos especializados en comisarías y centros de detención. Estos espacios permitirían evaluaciones completas—con historial clínico y exámenes físicos detallados—sin saturar los hospitales. Solo los casos con urgencias reales serían derivados.
La entidad hizo un llamado al Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio Público para establecer un protocolo nacional que proteja tanto los derechos de los detenidos como el funcionamiento de las emergencias. "Cada minuto perdido en trámites burocráticos puede costar vidas", alertaron.
Mientras las autoridades no actúen, la presión sobre el sistema sanitario seguirá creciendo, con consecuencias impredecibles para la atención de emergencias en todo el país.
