Más de RD$2 millones desviados en escándalo de corrupción en fundación contra el cáncer
Una investigación judicial ha destapado un millonario desvío de fondos en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, donde al menos RD$2 millones fueron transferidos irregularmente a la Fundación Tócate RD, dirigida por Luisa Yasiris Guzmán de Lora, esposa del exdirector de la entidad, Héctor Antonio Lora Cruceta. El dinero, destinado a la lucha contra el cáncer, se usó en eventos sociales y gastos personales, según documentos forenses.
Eventos de lujo con fondos públicos
Los recursos, provenientes de donaciones y aportes estatales, fueron empleados en actividades como la "Noche Bohemia" y la "Tarde de Té", además de cubrir costos de diseño y tapicería de un autobús de la fundación. Autoridades investigan si estos gastos violaron las normas de transparencia que rigen las organizaciones sin fines de lucro.
Implicados en la trama
La exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, también aparece vinculada al caso. Como vicepresidenta del Patronato, habría avalado contratos millonarios para su propia firma contable, Vargas Lora & Asociados, que recibió más de RD$100 millones en siete años por servicios de auditoría, pese a conflictos de interés. Además, se le acusa de usar fondos institucionales para gastos personales, incluyendo medicamentos y deudas en una cooperativa.
Fondos sin justificación
Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora, recibió transferencias directas por RD$1.7 millones etiquetadas como "donaciones", sin que exista registro de su uso legítimo. También cobró RD$300,000 como "gerente de marketing", aunque no hay pruebas de que desempeñara dicha función. La investigación sugiere que su fundación fue usada para monopolizar recursos y marginar a otras entidades benéficas.
Cifras que alarman al país
El escándalo se enmarca en una red más amplia de presunta corrupción: el Ministerio Público estima que, entre 2018 y 2025, se desviaron RD$3,700 millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando a pacientes oncológicos. Lora Cruceta y sus allegados enfrentan una audiencia este 23 de junio, donde se decidirá si permanecen en prisión preventiva.
Mientras el caso avanza, organizaciones sociales exigen sanciones ejemplares y la recuperación de los fondos, clave para tratar a miles de pacientes en una de las regiones con mayor incidencia de cáncer del país.
