Defensor del Pueblo pide diálogo urgente sobre nuevo Código Penal ante temores por libertad de prensa
El Defensor del Pueblo de República Dominicana ha convocado al Congreso a un debate nacional sobre el polémico Código Penal que entrará en vigor el 3 de agosto, tras alertar que varias de sus disposiciones podrían amenazar la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Pablo Ulloa, titular de la institución, exigió una revisión transparente con medios de comunicación, juristas y sociedad civil para evitar "incertidumbre y tensiones institucionales".
La advertencia llega en medio de crecientes críticas hacia artículos del nuevo marco legal, que organizaciones civiles consideran ambiguos y potencialmente restrictivos. Ulloa subrayó que, aunque la reforma penal es necesaria para modernizar el sistema judicial, su aplicación no debe vulnerar derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y fallos del Tribunal Constitucional.
Jurisprudencia clave
El llamado del Defensor del Pueblo hace especial referencia a dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC/0075/16 y TC/1148/25), que establecen límites a normas que contradigan garantías básicas. "No se trata de obstaculizar la persecución de delitos, sino de evitar interpretaciones arbitrarias", insistió Ulloa, quien pidió al Legislativo "precisar y armonizar" los textos cuestionados antes de su entrada en vigor.
Entre los sectores más preocupados figuran gremios de prensa, que temen que ciertos artículos sobre difamación o injuria puedan usarse para silenciar críticas. Aunque el Código Penal busca combatir la impunidad, autoridades reconocen que su éxito dependerá de una implementación equilibrada. "Una ley no es sinónimo de justicia automática. El Estado debe garantizar su aplicación sin abusos", advirtió Ulloa.
Diálogo y pedagogía
La institución ofreció facilitar mesas de trabajo en Santo Domingo y Santiago para explicar el alcance del nuevo código y recoger inquietudes. "El país necesita claridad, no represión", señaló el Defensor, enfatizando que el objetivo final es proteger tanto a víctimas como a ciudadanos y periodistas.
Con menos de un mes para su implementación, el debate sobre el Código Penal podría escalar si el Congreso no actúa. Analistas prevén que, sin ajustes, aumentarán los recursos judiciales contra artículos considerados inconstitucionales, generando un choque entre poderes del Estado.
