Defensor del Pueblo pide diálogo urgente por polémicas en nuevo Código Penal que podrían afectar libertad de prensa
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, exigió este miércoles al Congreso dominicano un debate nacional sobre artículos del nuevo Código Penal que, según medios y organizaciones civiles, amenazan la libertad de expresión. La ley, que entrará en vigor el 3 de agosto, ha generado alerta por posibles interpretaciones que criminalicen el trabajo periodístico.
Ulloa propuso una mesa de diálogo con la Sociedad Dominicana de Diarios, gremios de prensa, juristas y sociedad civil para "armonizar" el texto con los derechos fundamentales. "No se trata de debilitar la lucha contra el delito, sino de evitar que normas mal redactadas sirvan para silenciar voces", afirmó.
El llamado llega en medio de tensiones por dos artículos que, según expertos, podrían penalizar opiniones críticas bajo figuras como "difamación" o "injuria". El Defensor recordó que el Tribunal Constitucional ya ha tumbado normas similares en sentencias como la TC/0075/16, que protege el derecho a informar.
Reforma en la cuerda floja
Aunque Ulloa celebró la modernización del anticuado sistema penal, advirtió que "una ley no es sinónimo de justicia". Pidió capacitación para jueces, fiscales y policías para evitar aplicaciones arbitrarias. "El riesgo es que se use para perseguir opositores en lugar de proteger a víctimas reales", señaló una fuente cercana a las negociaciones.
El clima de preocupación crece entre periodistas. Solo en 2023, el Colegio Dominicano de Periodistas registró 47 agresiones a comunicadores, incluyendo demandas judiciales. "Si se aprueba así, habrá autocensura", declaró un editor de medios locales bajo condición de anonimato.
Próximos pasos
La institución ofreció facilitar talleres en Santo Domingo y Santiago para explicar el Código a ciudadanos y funcionarios. Ulloa insistió en que "el Estado debe garantizar que la ley no se convierta en un arma política".
Con el reloj en marcha, la presión aumenta para que el Congreso revise los artículos conflictivos antes de agosto. Mientras, organizaciones internacionales como la SIP ya monitorean el caso. La polémica pone a prueba el equilibrio entre seguridad jurídica y libertades democráticas en el país.
