Crisis en el Poder Judicial: Cuatro magistrados renuncian a evaluación clave en medio de polémica institucional
La justicia dominicana enfrenta un terremoto institucional tras la decisión de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia de renunciar al proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El hecho, calificado como "una señal de alerta" por organizaciones civiles, ha encendido el debate sobre la transparencia y credibilidad del sistema judicial.
Entre los que se apartaron del controvertido proceso figuran dos destacadas magistradas: Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez. Salcedo, con una trayectoria de décadas, era vista como candidata fuerte para convertirse en la primera mujer en presidir la Corte Suprema. Su salida abrupta ha generado especulaciones sobre posibles presiones políticas detrás de las evaluaciones.
El Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de supervisar el desempeño de los jueces, enfrenta críticas por falta de claridad en los criterios de evaluación. Aunque recientemente publicó actas de designaciones pasadas, expertos denuncian que estos documentos no explican las razones detrás de las decisiones, dejando dudas sobre posibles arbitrariedades.
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) advirtió que el retiro de figuras clave antes de ser evaluadas refleja un "clima de desconfianza" que podría debilitar la independencia judicial. "Cuando jueces con amplia experiencia prefieren irse antes que someterse al proceso, algo falla en el sistema", señalaron en un comunicado.
Este episodio revive viejas tensiones en el Poder Judicial. En diciembre de 2025, la llegada de cinco mujeres a la Corte Suprema fue celebrada como un avance, aunque insuficiente para cumplir con la paridad de género que exige la Constitución. Ahora, con las renuncias de Salcedo y Garabito, ese progreso queda en entredicho.
Mientras el CNM insiste en que el proceso sigue los lineamientos constitucionales, la sombra de la politización persiste. Las próximas semanas serán clave para determinar si esta crisis erosiona aún más la confianza ciudadana en la justicia dominicana o si obliga a una reforma profunda del sistema.
