El mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de RD$5,000 millones al Estado dominicano por enriquecimiento ilícito. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que su patrimonio millonario no coincidía con sus ingresos legales durante su mandato, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en el país.
Según el tribunal, presidido por la magistrada Giselle Méndez, los ingresos de Cáceres y su esposa, sumando RD$519,820 mensuales, eran insuficientes para justificar su vasto patrimonio. Peritajes financieros y documentos de la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) revelaron que, entre 2011 y 2021, el oficial manejó un flujo bancario superior a RD$114 millones, con préstamos que pasaron de RD$91,629 mensuales en 2013 a más de RD$512,000 en 2017, muchos cancelados anticipadamente con fondos públicos.
La investigación también expuso la adquisición de múltiples bienes raíces y empresas mediante testaferros. Entre ellos destacan una vivienda en Colinas del Oeste valorada en RD$11.4 millones, dos apartamentos en la Torre Harriannet y una serie de propiedades adquiridas a través de la empresa CCNA Universo Empresarial, asociada con Rafael Núñez de Haza. Además, se comprobó la compra de vehículos de motor y la construcción de la Plaza Randal.
El tribunal concluyó que Cáceres incurrió en asociación de malhechores, desfalco, prevaricación y enriquecimiento ilícito, evidenciando que su evolución patrimonial no correspondía con sus ingresos ordinarios. Su condena se suma a los esfuerzos recientes para combatir la corrupción en instituciones clave del Estado.
Esta sentencia podría sentar un precedente para futuras investigaciones relacionadas con funcionarios públicos sospechosos de prácticas similares, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Las autoridades han señalado que continuarán reforzando los mecanismos de control para evitar desvíos de fondos y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
