La Asamblea General aprobó la resolución con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. El apoyo cayó en 35 votos respecto a 2025, en medio de una ofensiva diplomática de Estados Unidos para modificar la posición de otros gobiernos y de una crisis económica que mantiene a los cubanos entre apagones, escasez de combustible y dificultades para acceder a productos básicos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una nueva resolución que pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. La iniciativa recibió 130 votos favorables, 17 en contra y 25 abstenciones, en una votación que volvió a mostrar el amplio rechazo internacional a las sanciones estadounidenses, aunque con un respaldo considerablemente menor al de años anteriores.
La resolución fue adoptada por trigésimo cuarta ocasión desde que Cuba comenzó a promover esta iniciativa en 1992, con la excepción de 2020, cuando no se celebró la votación anual. Sin embargo, el resultado de este año introduce un cambio significativo: en 2025, la propuesta había obtenido 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. En apenas un año perdió 35 apoyos, mientras aumentaron tanto los votos contrarios como las abstenciones.
El cambio se produce después de una intensa campaña diplomática de la Administración del presidente Donald Trump para convencer a otros países de que modificaran su posición. Washington consiguió que varias naciones que tradicionalmente respaldaban la resolución votaran en contra o se abstuvieran, entre ellas algunos países europeos y latinoamericanos.
La votación, por tanto, dejó dos resultados que conviene distinguir: la Asamblea General mantuvo su petición de levantar el embargo, pero Cuba perdió parte del respaldo que había reunido durante décadas en el principal órgano deliberativo de la ONU.
Estados Unidos intensificó la presión diplomática
La delegación estadounidense trabajó para reducir el apoyo a la resolución y presentó el resultado como una señal de que más países están reconsiderando su postura frente al Gobierno cubano.
Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, celebró que algunas economías importantes, entre ellas Alemania y Corea del Sur, hubieran cambiado su posición. Alemania se abstuvo después de haber respaldado la resolución en años anteriores, mientras Italia también se sumó al grupo de abstenciones.
La estrategia de Washington no se limita a las gestiones diplomáticas en Nueva York. La Administración Trump ha endurecido la presión económica sobre La Habana y ha amenazado con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, una medida que podría dificultar todavía más el acceso de la isla a combustibles.
El Gobierno estadounidense sostiene que sus políticas responden a preocupaciones sobre el sistema político cubano, los derechos humanos y la seguridad regional. La Habana, por su parte, considera que las sanciones buscan asfixiar su economía y responsabiliza a Washington de agravar las condiciones de vida de la población.
La diferencia entre ambas posiciones quedó reflejada durante las intervenciones ante la Asamblea General, donde los representantes de los dos países defendieron interpretaciones opuestas sobre las causas de la crisis cubana y la responsabilidad de Estados Unidos.
¿Qué países votaron contra Cuba?
Entre los 17 países que rechazaron la resolución se encuentran Estados Unidos, Israel, Argentina, Ucrania y Marruecos, junto con otras naciones que cambiaron su posición respecto al año anterior.
La lista también incluye a Colombia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Austria, República Checa, Guatemala, Hungría, Lituania, Eslovenia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Barbados y Trinidad y Tobago. La composición del voto refleja un cambio en las posiciones de varios gobiernos que anteriormente habían respaldado la petición cubana o se habían abstenido.
En América Latina, el resultado fue especialmente relevante por la cantidad de países que modificaron su postura. Colombia, que había votado a favor en 2025, se pronunció en contra esta vez. Argentina mantuvo su oposición, mientras Paraguay, Ecuador y Costa Rica también rechazaron la resolución.
Chile, Honduras y Perú se abstuvieron. La República Dominicana también figuró entre los países que optaron por no apoyar ni rechazar la iniciativa. Brasil y México, en cambio, mantuvieron su respaldo a la resolución.
Estas diferencias muestran que el debate sobre el embargo no se limita a una división entre Estados Unidos y Cuba. También refleja cambios en las relaciones diplomáticas, las prioridades de los gobiernos y su disposición a respaldar una resolución que Washington considera contraria a sus intereses.
Una resolución que no obliga a Estados Unidos a levantar el embargo
Pese al resultado, la decisión de la Asamblea General no tiene fuerza vinculante. Se trata de una resolución que expresa la posición política del organismo y recomienda poner fin a las medidas económicas contra Cuba, pero no puede obligar al Gobierno estadounidense a levantarlas.
La capacidad legal para eliminar el embargo recae fundamentalmente en el Congreso de Estados Unidos, aunque el Ejecutivo dispone de facultades para modificar determinadas restricciones dentro del marco legal vigente.
El embargo comenzó en 1960 y fue ampliado en 1962. Desde entonces, se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y La Habana, así como en una cuestión recurrente de la diplomacia latinoamericana.
Durante más de tres décadas, la votación anual en la ONU ha servido a Cuba para denunciar el impacto de las sanciones y reunir respaldo internacional. La caída de 165 a 130 votos favorables no revoca las resoluciones anteriores ni elimina la oposición mayoritaria al embargo, pero representa un retroceso diplomático para el Gobierno cubano.
La crisis cubana agrava el impacto del enfrentamiento
La votación se celebró en un momento especialmente difícil para la población cubana. La isla enfrenta escasez de combustible, apagones prolongados, dificultades financieras y problemas de abastecimiento de alimentos, agua y otros productos esenciales.
El Gobierno cubano sostiene que las restricciones estadounidenses limitan su capacidad para comerciar, obtener financiación y adquirir bienes necesarios para el funcionamiento de la economía. También denuncia que las medidas afectan directamente a la población, más allá de las autoridades a las que Washington pretende presionar.
Estados Unidos rechaza que el embargo sea la causa principal de la crisis y atribuye buena parte de las dificultades a las decisiones económicas y políticas del propio Gobierno cubano. No obstante, las sanciones y las restricciones para acceder a combustible y financiación constituyen factores relevantes en el entorno económico de la isla.
La discusión no se limita, por tanto, a una disputa diplomática. Sus consecuencias se reflejan en la capacidad de Cuba para mantener sus servicios, transportar mercancías, generar electricidad y garantizar el suministro de bienes básicos.
El endurecimiento de las medidas contra los países que abastecen de petróleo a la isla añade otra dimensión al conflicto: podría dificultar las alternativas de suministro cubano y elevar los costos para terceros países que mantengan relaciones comerciales con La Habana.
Cuba conserva una mayoría de apoyos, pero pierde terreno
Tras la votación, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, defendió la posición de su país y volvió a denunciar el embargo como una política de presión económica contra la población. La delegación cubana considera que la campaña estadounidense buscó reducir el respaldo internacional a la resolución y debilitar la denuncia de las sanciones.
El resultado, sin embargo, muestra que las dos tendencias avanzan simultáneamente. Estados Unidos logró aumentar el número de países dispuestos a votar contra la resolución o abstenerse, mientras la mayoría de los miembros de la ONU siguió apoyando la petición de poner fin al embargo.
Con 130 votos favorables, la resolución mantiene un respaldo mayoritario, pero el descenso frente a los 165 apoyos de 2025 evidencia un cambio importante en el escenario diplomático. Para Washington, la variación representa una oportunidad para defender su política hacia Cuba; para La Habana, constituye un desafío en un momento de creciente presión económica.
La votación no cambia por sí sola las sanciones vigentes ni resuelve la crisis bilateral. Sí deja claro que el conflicto entra en una nueva etapa, marcada por una ofensiva estadounidense más intensa y por una comunidad internacional que continúa mayoritariamente favorable al fin del embargo, aunque menos unida que en años anteriores.
