Médicos en alerta: nuevo Código Penal podría paralizar el sistema de salud
El Colegio Médico Dominicano advirtió que las recientes reformas penales convertirán cada decisión clínica en un potencial juicio criminal, disparando los costos médicos y retrasando tratamientos urgentes para millones de pacientes. La alarmante proyección surge días antes de que entren en vigor los polémicos Código Penal (Ley 74-25) y Procesal Penal (Ley 97-25), cuyos artículos permitirían procesar a galenos por complicaciones inherentes a procedimientos de alto riesgo.
Fuentes del gremio confirmaron que los facultativos ya preparan protocolos extremos de documentación para protegerse de demandas, un fenómeno conocido como "medicina defensiva". Este enfoque, según estudios internacionales citados por la organización, eleva hasta un 30% los gastos hospitalarios y reduce la disponibilidad de especialistas en áreas críticas como cirugías y obstetricia.
El conflicto surge cuando las nuevas leyes equiparan errores médicos sin intención —comunes en intervenciones complejas— con delitos penales. "Un tumor inoperable o una reacción alérgica imprevisible podrían terminar en tribunales", explicó un portavoz del CMD, mientras mostraba estadísticas de países donde normativas similares generaron éxodos de profesionales hacia especialidades menos expuestas.
Aunque el Colegio respalda sanciones ante negligencias comprobadas, exige que los casos sin dolo o imprudencia temeraria se resuelvan en instancias civiles o administrativas. "Convertir quirófanos en escenarios de miedo judicial perjudicará principalmente a los más vulnerables", alertaron, refiriéndose a pacientes de hospitales públicos con sobrecarga asistencial.
El Ministerio de Salud no se ha pronunciado, pero fuentes jurídicas reconocen tensiones por plazos ajustados: las leyes comenzarán a regir en menos de 72 horas sin reglamentos claros para el sector sanitario. Mientras, clínicas privadas evalúan seguros legales adicionales que, según expertos, encarecerán las primas de salud hasta en un 15%.
La polémica llega en un año récord de denuncias contra médicos (1,200 según la Procuraduría), aunque el 68% fueron archivadas por falta de fundamento. Para el CMD, este dato prueba que el sistema actual ya filtra reclamaciones infundadas, algo que el nuevo marco legal pondría en riesgo. La próxima semana, decenas de hospitales analizarán medidas conjuntas ante lo que califican como "una bomba de tiempo para la atención médica nacional".
