La Cámara de Cuentas de la República Dominicana revocó su controvertida decisión de aumentar en un 50% los salarios y beneficios de sus miembros, una medida que había generado intenso rechazo público por considerar que violaba la Constitución. La decisión fue comunicada oficialmente al Senado este martes, marcando un giro drástico en un asunto que puso en entredicho la transparencia de la institución encargada de fiscalizar los recursos públicos del país.
La resolución original, emitida el 13 de marzo de 2026, había sido criticada por sectores políticos y ciudadanos que alegaban que contradecía el artículo 140 de la Constitución, el cual establece límites claros a los aumentos salariales en las entidades públicas. La polémica creció rápidamente, con llamados a revisar la medida por considerarla un ejemplo de "privilegios injustificados" en medio de dificultades económicas que enfrenta la población.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó la recepción de la comunicación oficial en la que la Cámara de Cuentas anunció la anulación de la medida. En una misiva dirigida al organismo auditor, De los Santos calificó la rectificación como "un acto de responsabilidad pública" que refuerza los principios de legalidad y ética que deben guiar a las instituciones estatales. Además, destacó que esta decisión contribuye a recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
La rápida retractación de la Cámara de Cuentas llega en un momento en que la administración pública dominicana enfrenta presiones para demostrar mayor transparencia y eficiencia. El organismo, responsable de supervisar el uso de los fondos estatales, había sido cuestionado por su aparente falta de coherencia entre sus funciones y la decisión de aumentar sus propios beneficios. Expertos en derecho constitucional habían advertido que la medida podría abrir un peligroso precedente en otras instituciones.
Aunque la revocación de la resolución pone fin, por ahora, a la controversia, el episodio deja en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de las entidades públicas. Ciudadanos y organizaciones civiles han llamado a impulsar reformas que aseguren que decisiones similares no se repitan en el futuro.
La Cámara de Cuentas no ha ofrecido detalles adicionales sobre las razones específicas que llevaron a esta rectificación, pero fuentes cercanas al organismo sugieren que la presión pública y el escrutinio mediático jugaron un papel clave. Esta decisión cierra un capítulo polémico, pero abre el debate sobre cómo fortalecer la integridad institucional en República Dominicana.
