Maestros en pie de guerra: gremio denuncia desvío ilegal de 6,000 millones de pesos de sus pensiones
El sindicato magisterial ha declarado ilegal la decisión del Consejo de Seguridad Social (CNSS) de transferir 6,000 millones de pesos retenidos a los docentes públicos hacia las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en lugar de destinarlos íntegramente al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA). La medida, según la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), viola leyes clave del sistema de pensiones y amenaza los derechos adquiridos por décadas.
Fondos en disputa
Los recursos en cuestión corresponden a retenciones realizadas desde 2003, cuando miles de maestros fueron afiliados forzosamente a las AFP, pese a que la ley establece que sus aportes deben ser gestionados exclusivamente por el INABIMA. Aunque una parte de esos fondos se recuperó tras protestas sindicales, 6,000 millones permanecieron bloqueados por el CNSS desde 2009.
Rafael Félix, dirigente de la ADP, aseguró que la resolución actual contradice la Ley 87-01 (que creó el sistema de seguridad social) y la Ley 451-08 (que regula las pensiones docentes). "Es un atropello. El dinero debe ir completo al INABIMA, no repartirse con las AFP", afirmó.
Acciones inmediatas
El gremio anunció que coordinará movilizaciones y acciones legales para frenar lo que califican como un "saqueo institucionalizado". Expertos en derecho laboral consultados coinciden en que la afiliación única al INABIMA es un principio irrenunciable, avalado por sentencias previas.
Fuentes del CNSS defendieron la medida alegando "equilibrio financiero", pero evadieron explicar por qué no se ajusta a los fallos judiciales que respaldan al magisterio. Mientras, el Ministerio de Educación guarda silencio.
Impacto nacional
El conflicto reaviva el debate sobre el manejo de los fondos pensionarios en el país, donde las AFP han sido cuestionadas por altas comisiones y rendimientos opacos. Para los más de 90,000 docentes afectados, la resolución podría retrasar jubilaciones y reducir sus beneficios.
La ADP advirtió que no descarta medidas de fuerza si el CNSS insiste en aplicar la polémica transferencia. El desenlace podría definir el futuro de las pensiones públicas en República Dominicana.
