Una adolescente asesinada en centro estatal desata crisis en sistema de protección infantil
El brutal crimen de una menor en un hogar de paso del CONANI ha sacudido al país, exponiendo graves fallas en la protección de niños bajo custodia estatal y reabriendo el debate sobre las sanciones a menores infractores. El caso revela la urgencia de reformar los protocolos de seguridad en estos centros, donde la víctima debería haber estado a salvo.
¿Qué dice la ley?
Según el Código de Protección a Niños y Adolescentes (Ley 136-03), la pena máxima para un menor es de ocho años, pero varía por edad:
- Menores de 13 años: No enfrentan cargos.
- De 13 a 15 años: Prisión de 1 a 5 años.
- De 16 a 18 años: Hasta 8 años de condena.
Expertos legales advierten que, más allá de las sanciones, el Estado podría ser demandado por negligencia. "Los hogares de paso deben garantizar seguridad absoluta. Este crimen sugiere un colapso en la supervisión", declaró un jurista especializado.
Fallas sistémicas
El asesinato ocurrió durante un descuido del personal, según fuentes cercanas al caso. Organizaciones sociales denuncian que los centros están saturados y carecen de recursos para atender traumas emocionales en menores, lo que deriva en violencia entre ellos. "No basta con castigar; hay que prevenir", señaló un portavoz de derechos humanos.
¿Qué sigue?
El caso ha obligado al gobierno a revisar los protocolos de CONANI, mientras crece la presión para fortalecer el sistema de protección infantil. Autoridades prometieron auditorías en todos los hogares de paso, pero familiares de la víctima exigen acciones inmediatas.
La tragedia no solo cuestiona las leyes vigentes, sino la capacidad del Estado para cumplir su rol de protector. El país espera respuestas concretas antes de que más menores paguen el precio de la negligencia institucional.
