La Suprema Corte de Justicia pospuso hasta el 23 de junio la audiencia de una demanda por difamación e injuria presentada por el abogado Carlos Balcácer contra Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El caso, que ha generado un intenso debate público, pone en el centro la tensión entre las partes involucradas en el proceso judicial contra el ex procurador Jean Alaìn Rodríguez, acusado de liderar un esquema de corrupción que habría defraudado al Estado Dominicano en más de RD$6,000 millones.
Balcácer, quien defiende a Rodríguez en este caso, exige una retractación pública de Ortiz por declaraciones que, según él, menoscaban su reputación profesional. Advirtió que, de no atenderse su solicitud en un plazo de tres días, ejercerá todas las acciones legales disponibles. La demanda se basa en la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, alegando que las palabras de Ortiz fueron "maledicientes, mendaces y mentirosas", afectando gravemente su honorabilidad.
Según Balcácer, Ortiz habría criticado públicamente su desempeño durante las audiencias, afirmando que actuó de manera desordenada y que dificultó el proceso judicial al no presentar una estrategia clara. Estas declaraciones, recogidas por varios medios de comunicación, habrían creado una imagen negativa de su ejercicio profesional, según su denuncia. El abogado enfatiza que estas acusaciones son falsas y contradicen una trayectoria de 40 años de servicio impecable en la abogacía, la docencia y la consultoría jurídica.
Este caso ocurre en un contexto nacional marcado por el escrutinio público hacia figuras clave en la lucha anticorrupción. La Pepca ha sido protagonista en varios procesos judiciales de alto perfil, lo que ha elevado la tensión entre las partes involucradas. Las implicaciones de esta demanda podrían afectar la percepción pública tanto de los operadores de justicia como de los profesionales del derecho involucrados en casos sensibles.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el tribunal evaluará si las declaraciones de Ortiz constituyen una violación a las normas de libertad de expresión o si, por el contrario, estaban dentro de sus funciones como representante del Ministerio Público. El resultado de este proceso podría sentar un precedente significativo en la interpretación de los límites legales en la comunicación pública de casos judiciales.
El 23 de junio será un día crucial para este caso, que no solo enfrenta a dos figuras prominentes en el ámbito jurídico, sino que también pone a prueba los mecanismos legales para proteger la reputación de los profesionales en ejercicio. Mientras tanto, el público sigue expectante ante un desarrollo que podría tener repercusiones en futuros procesos similares.
