Venezuela anunció ayer una propuesta de «ley de amnistía» para liberar a cientos de presos políticos en un intento por reducir tensiones y promover la reconciliación nacional. La medida, anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca borrar causas judiciales y cerrar procesos que, según organizaciones de derechos humanos, han sido utilizados para perseguir a opositores y activistas. La futura ley excluiría, sin embargo, delitos graves como homicidio, narcotráfico y crímenes comunes.
Rodríguez hizo el anuncio en un evento en el Tribunal Supremo de Justicia, donde destacó que la iniciativa busca fomentar la «convivencia pacífica» en el país. Además, reveló que el centro de detención El Helicoide, en Caracas, conocido por denuncias de abusos contra los derechos humanos, será transformado en un espacio para deportes y servicios sociales. «Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza», afirmó, asegurando que la decisión fue discutida con el presidente Nicolás Maduro.
La propuesta llega en un momento de creciente presión social, con familiares de detenidos, organizaciones no gubernamentales y la oposición realizando vigilias y protestas frente a las cárceles. El gobierno chavista afirma que más de 600 personas han sido liberadas este mes, aunque las ONG hablan de unas 300, destacando la lentitud y falta de transparencia del proceso.
Esta medida podría marcar un paso significativo en un país dividido políticamente y sumido en una profunda crisis económica y social. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se implemente y si logra ganarse la confianza de una población escéptica tras años de polarización y represión.
