Venezuela planea incrementar en un 30 % su producción de oro para 2026, según anunció la presidenta interina Delcy Rodríguez. Este ambicioso objetivo se suma a otros aumentos previstos en la producción de hierro (50 %) y carbón (100 %), como parte de una estrategia para fortalecer la economía mediante la explotación de recursos naturales. Sin embargo, estos planes han generado preocupación entre expertos ambientales, quienes señalan que el país continúa priorizando el extractivismo sobre la protección del medio ambiente.
Rodríguez, quien desempeñó roles clave en el gobierno de Nicolás Maduro como vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, afirmó que estos proyectos fueron trabajados junto al exmandatario el año pasado. Además, mencionó que la Asamblea Nacional tiene en agenda la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Minas y Minerales, destinada a atraer inversión extranjera.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas como SOSOrinoco y World Heritage Watch han criticado duramente a Rodríguez, acusándola de ser una de las principales arquitectas de un modelo económico basado en la minería ilegal. Según un informe reciente, la actual presidenta habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco, un proyecto que ha sido objeto de polémica por su impacto ambiental y violaciones a los derechos indígenas.
La situación se complica aún más con la incursión militar liderada por Estados Unidos en enero de 2026, que derivó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Tras este evento, la política extractivista de Venezuela parece alinearse aún más con las exigencias estadounidenses. El 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, facilitando la participación de empresas petroleras internacionales junto a la estatal PDVSA.
Expertos como Emiliano Teran-Mantovani, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, aseguran que no existe una política ambiental clara en el país. Según él, el gobierno actual mantiene la misma estructura económica y de poder que el anterior, priorizando la extracción de recursos sobre cualquier medida de protección ecológica.
Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, coincide en que el gobierno de Rodríguez no muestra indicios de cambio. “La minería ilegal sigue activa en el sur del país, con maquinaria pesada, dragas en los ríos y un flujo constante de gasolina controlado por las Fuerzas Armadas”, aseguró. Burelli también responsabiliza a Rodríguez por permitir la gobernanza criminal en las minas y por obstaculizar la visita de la Unesco para evaluar la situación en la región.
Estos planes extractivistas han levantado voces de alarma no solo por su impacto ambiental, sino también por su conexión con grupos armados y bandas criminales que controlan gran parte de la minería ilegal en el país. Bajo este panorama, Venezuela enfrenta un futuro incierto en materia ambiental, con pocas expectativas de que el gobierno priorice la sostenibilidad sobre los intereses económicos y el beneficio de las élites.
