Venezuela se encuentra en el centro de una polémica legislativa tras la presentación de un proyecto de ley de amnistía que busca liberar a cientos de presos políticos, pero que ha sido criticado por expertos y sectores de la oposición como insuficiente y potencialmente peligroso. La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha generado un intenso debate nacional y ha sido sometida a consultas públicas mientras avanza en el Parlamento controlado por el chavismo.
El proyecto, presentado el 30 de enero y compuesto por 13 artículos, busca amnistiar hechos políticos violentos ocurridos desde 1999, año en que comenzó el gobierno de Hugo Chávez, hasta la actualidad. Sin embargo, expertos como Juan Carlos Apitz y Delsa Solórzano han señalado que la propuesta es incompleta y peligrosa, ya que excluye eventos clave, como las protestas masivas y detenciones ocurridas tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro se atribuyó la victoria pese a que las actas oficiales señalaban a Edmundo González Urrutia como ganador.
Actualmente, 631 presos políticos, incluyendo 187 militares, esperan ser liberados sin condiciones, como tobilleras electrónicas o restricciones de movimiento. Sin embargo, críticos del proyecto advierten que podría convertirse en una herramienta del oficialismo para proteger a responsables de violaciones de derechos humanos durante los años de gobierno chavista.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, ha insistido en la necesidad de derogar leyes represivas, como la Ley del Odio y la Ley de Simón Bolívar, para que la amnistía pueda aplicarse con justicia. No obstante, legisladores oficialistas han descartado esta posibilidad, señalando que las reformas se discutirán en otro momento.
Mientras tanto, sectores consultados han expresado preocupación por la falta de claridad en el proyecto, temiendo que sea utilizado como un “caballo de Troya” para consolidar el control del gobierno sobre el sistema judicial. La segunda aprobación del proyecto está prevista para este jueves, aunque su aplicación enfrenta un escenario lleno de incertidumbre y tensiones políticas.
