La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma insólita que busca perdonar a los opositores al Gobierno por hechos ocurridos desde 1999. La decisión, tomada apenas un mes después de que el presidente Nicolás Maduro fuera "secuestrado" por un comando militar norteamericano, ha sido respaldada tanto por el oficialismo como por las fuerzas opositoras agrupadas en el Grupo Parlamentario Libertad.
La iniciativa, impulsada por la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez, refleja un acuerdo histórico entre sectores tradicionalmente enfrentados. Ambas partes coincidieron en que esta ley podría ser una "oportunidad para la paz y la reconciliación nacional". Sin embargo, las tensiones no desaparecieron del todo: el oficialismo instó a la oposición a ver esta medida como una señal de avance y no de "debilidad", mientras que los opositores criticaron lo que consideran un ritmo desigual en la aprobación de leyes prioritarias.
El diputado Tomás Guanipa, hermano del preso político Juan Pablo Guanipa, cuestionó por qué esta amnistía no avanzó con la misma rapidez que otras normas, como la Ley de Hidrocarburos, que facilita la inversión extranjera en el país. Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, subrayó que más del 95% de los venezolanos rechazan la confrontación y el odio. "Venezuela no aguanta una venga más", afirmó.
Esta amnistía ha sido una demanda clave de la oposición y la sociedad civil, aunque persisten controversias sobre su alcance. Mientras el ministro del Interior, Diosdado Cabello, asegura que más de 800 presos han sido liberados, organizaciones no gubernamentales y familiares de los detenidos cuestionan esa cifra.
La ley llega en un momento de alta polarización política y tras un intento de secuestro que sacudió las bases del Gobierno de Maduro. Su aprobación marca un cambio significativo, aunque frágil, en el tenso panorama político venezolano.
