Venezuela ha dado un paso histórico hacia la reconciliación política con la aprobación de una Ley de Amnistía que busca cerrar décadas de conflicto interno. La medida, sancionada este jueves por la Asamblea Nacional, permitirá la excarcelación de disidentes y beneficiará a opositores exiliados o bajo resguardo. La ley fue promulgada de inmediato por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, quien afirmó que abre "nuevas vías para la política" y representa un esfuerzo para dejar atrás la intolerancia.
El proceso se aceleró tras la visita del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien supervisó el cumplimiento de un acuerdo entre Washington y Caracas. Este pacto incluye la reconciliación de las partes enfrentadas tras la destitución de Nicolás Maduro en enero de 2026, un evento descrito por Rodríguez como "una agresión histórica de una potencia".
La amnistía abarca 13 sucesos clave desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Entre ellos destacan el intento de golpe de Estado de 2002, la huelga petrolera del mismo año y las protestas de 2017, que dejaron más de 100 muertes. También incluye eventos recientes como la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino en 2019 y las manifestaciones contra la reelección de Maduro en julio de 2024.
Jorge Rodríguez, principal autoridad parlamentaria y hermano de la mandataria, aseguró que la ley marca "un nuevo tiempo político" para el país. Sin embargo, admitió que sectores extremistas siguen buscando la división social. Rodríguez lamentó que haya sido necesario vivir "hechos tan catastróficos" para promover la unidad y la paz nacional.
La ley excluye delitos relacionados con acciones armadas contra el pueblo y la soberanía, un punto dirigido a figuras como María Corina Machado, líder de Vente Venezuela. Tampoco contempla la restitución de bienes incautados ni el levantamiento de sanciones a medios de comunicación. Además, los militares presos por rebelión no serán beneficiados.
El proceso de negociación fue tenso, especialmente por el artículo séptimo, que establece que los presos políticos deben "ponerse a derecho". No obstante, se acordó permitir que exiliados sean representados por abogados para solicitar el beneficio sin riesgo de detención inmediata.
Hasta ahora, 444 personas han sido liberadas, pero se estima que unas 600 siguen encarceladas. La diputada opositora Nora Bracho destacó que, aunque la ley "no es perfecta", representa "un avance para la reconciliación" y mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos.
Esta iniciativa cierra un capítulo de intensa polarización en Venezuela, aunque deja en el aire la posibilidad de futuras evaluaciones sobre otros hechos no incluidos en la normativa.
