El gobierno interino de Venezuela liderado por Delcy Rodríguez anunció este viernes una Ley de Amnistía General que beneficiará a quienes participaron en protestas o acciones antigubernamentales desde 1999. Este movimiento, considerado el más audaz desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero, marca un giro significativo en la política interna del país y busca reparar las heridas de años de confrontación. La medida será presentada ante la Asamblea Nacional, presidida por el hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, lo que aumenta su probabilidad de aprobación.
La amnistía abarca las acciones antigubernamentales desde el inicio del chavismo hasta la actualidad, pero excluye a quienes están procesados o condenados por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones de derechos humanos. Este anuncio se produce horas después de que Delcy Rodríguez sostuviera una conversación telefónica con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien decidió reabrir el espacio aéreo venezolano para compañías de su país. El gobierno afirma haber liberado a más de 600 presos, aunque organizaciones humanitarias reducen esa cifra a la mitad.
El anuncio también incluye la transformación del Helicoide, emblemático centro de detención, en un espacio social, deportivo y cultural. Este edificio, símbolo de la represión durante los últimos años, dejará de funcionar como prisión, un gesto que busca mejorar la imagen del gobierno tanto dentro como fuera del país. Rodríguez describió la medida como un paso hacia la reconciliación nacional y la reinstauración de la justicia en Venezuela, aunque aseguró que sigue alineada con el legado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Rodríguez aprovechó el discurso para rendir tributo a quienes murieron el 3 de enero, en lo que describió como una "desigual batalla". Además, defendió la necesidad de una gran consulta nacional para reformar el sistema de justicia, asegurando que este debe convertirse en un pilar de la democracia y la paz en el país. La decisión coincide con las presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que había exigido la liberación de presos políticos como parte de su agenda para Venezuela.
Este giro político ocurre en un contexto de tensiones internacionales derivadas del secuestro de Maduro, un hecho calificado por Rodríguez como una "violación del derecho internacional". La administración Trump ha establecido dos puntos clave en su agenda para Venezuela: la liberación de presos políticos y la apertura al capital extranjero en la industria petrolera. Este último objetivo ya ha sido abordado con una reciente reforma a la ley de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional.
Con esta amnistía, el gobierno interino busca avanzar hacia la reconciliación interna y responder a las exigencias internacionales, aunque el impacto real de estas medidas dependerá de su implementación y aceptación tanto dentro como fuera del país.
