Venezuela abre su minería al capital privado en un giro histórico hacia EE.UU.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley minera que otorga amplios beneficios al sector privado, marcando otro paso en el acercamiento económico con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. La normativa, respaldada por oficialistas y oposición, permite concesiones de hasta 30 años a empresas extranjeras, con opción a prórroga, y reduce el riesgo de expropiaciones.
El cambio llega meses después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro el 3 de enero, desencadenando una transformación política y económica en el país. La administración de Donald Trump ya había influido en la reforma del sector petrolero, y ahora extiende su peso a la minería de oro, plata, diamantes y minerales raros.
Seguridad jurídica y críticas
La ley sustituye a la de 2013 —promulgada bajo el chavismo— y busca atraer inversiones frenando la extracción ilegal controlada por mafias. "Ofrece seguridad jurídica", defendió el diputado oficialista Orlando Camacho, destacando el arbitraje internacional como garantía.
El Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el gobierno interino, se espera que ratifique la norma sin obstáculos. Jorge Rodríguez, hermano de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez, elogió el consenso logrado, calificándolo como clave para la "prosperidad".
Apertura económica, pero no política
Mientras avanza la liberalización económica, las tensiones persisten. Horas antes de la votación, la presidenta anunció un aumento salarial, pero sindicatos protestaron y un estudiante fue detenido en una marcha. Críticos denuncian que el nombramiento del polémico fiscal general Larry Devoe —acusado de ignorar abusos en el pasado— muestra continuismo represivo.
La próxima protesta sindical, prevista frente a la embajada de EE.UU. el 16 de abril, evidencia que, para muchos venezolanos, Washington sigue siendo el verdadero poder detrás de los cambios.
