El gobierno de Estados Unidos está intensificando su presión sobre México y otros países para frenar la inmigración y el tráfico de drogas, utilizando tácticas como acuerdos bilaterales opacos, amenazas de aranceles y deportaciones a terceros países. Este enfoque, impulsado por la Administración Trump, busca disuadir a los migrantes y trasladar la responsabilidad de su contención a naciones aliadas.
La captura del líder narco "El Mencho" el 22 de febrero destacó el papel clave de México en la "guerra contra la droga" y su relación con EE.UU. Trump ha aprovechado el incidente para presionar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que adopte medidas más duras. Sin embargo, el foco principal de Estados Unidos es la inmigración, una cuestión que ha convertido en moneda de cambio en las negociaciones bilaterales.
"Trump ha amenazado con imponer aranceles si México no aumenta su control migratorio y del tráfico de drogas", destaca Ariel Ruiz, del Migration Policy Institute. Según expertos, esto forma parte de una estrategia más amplia de externalización fronterera, donde Estados Unidos paga a otros países para que refuercen sus controles migratorios.
Actualmente, existen al menos 25 acuerdos bilaterales entre EE.UU. y otros países para deportar migrantes a lugares donde no son originarios. Estos acuerdos, muchos de los cuales no se han hecho públicos, incluyen países de América Latina, África e incluso regiones como Kosovo y Palau. El objetivo es desplazar el problema migratorio, reducir costos y disuadir a quienes buscan llegar a suelo estadounidense.
"Monitoreamos cómo terceros países aceptan a personas que no son nacionales de esos países", explica Yael Schacher, de Refugees International. Estos convenios suelen incluir ayuda financiera y entrenamiento por parte de agencias estadounidenses, pero también generan preocupación por falta de transparencia y posibles violaciones de derechos humanos.
La red de contención se extiende desde México hasta Centroamérica, con países como Guatemala, Honduras y Panamá actuando como barreras. Nicaragua y Costa Rica se han resistido parcialmente a esta estrategia, mientras que El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, se ha alineado más estrechamente con los intereses de EE.UU.
Este enfoque también busca disuadir a través del miedo. "El mensaje es claro: cruzar es casi imposible, y si alguien lo logra, ICE lo deportará a lugares lejanos y potencialmente peligrosos", afirman analistas. Esto ha llevado a muchos migrantes a permanecer en México para evitar ser enviados a zonas percibidas como hostiles.
La frontera sur de EE.UU. se ha convertido en una compleja red de países filtro, contenciones en ruta y destinos alternativos. En este contexto, la guerra contra las drogas y las amenazas comerciales se han transformado en herramientas clave de presión política. La estrategia, aunque efectiva en reducir llegadas visibles, sigue generando críticas por su impacto humanitario y falta de transparencia.
