En las últimas semanas, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza han desplegado tácticas brutales en Minneapolis y otras ciudades santuario de Estados Unidos. Entre los hechos denunciados figuran tiroteos a civiles desarmados, detenciones de niños pequeños, intimidación racial, agresiones a ancianos y el uso indiscriminado de espray pimienta contra menores de edad. Estas acciones han provocado indignación y preocupación internacional.
El presidente Donald Trump ha transformado el ICE en una fuerza paramilitar, respaldada por un sofisticado sistema tecnológico de vigilancia desarrollado tras los atentados del 11-S. Herramientas como reconocimiento facial, espionaje digital, geolocalización y pruebas de ADN, diseñadas inicialmente para combatir el terrorismo, ahora se utilizan para perseguir a migrantes. Según datos oficiales, dos tercios de los detenidos no tienen antecedentes penales.
Empresas como Palantir, AT&T y Clearview AI, entre otras, han jugado un papel clave en este despliegue tecnológico. En 2025, el ICE gastó al menos 353 millones de dólares en contratos de vigilancia, un 27% más que durante la era Biden. Palantir, fundada por el multimillonario Peter Thiel, desarrolló el programa ImmigrationOS, diseñado para identificar y deportar migrantes. Además, ha creado sistemas como ELITE, que mapea y califica a individuos en tiempo real.
El gobierno estadounidense también compra datos de ubicación de redes sociales y teléfonos móviles para rastrear a migrantes. Herramientas como Geo Group, Tangles y Webloc permiten a los agentes acceder a información sin orden judicial. Incluso se ha contratado tecnología extranjera, como la francesa Capgemini, para investigar antecedentes penales.
La Administración Trump ha ido más allá al implementar un programa piloto secreto que recluta a cazarrecompensas, investigadores privados y exmilitares para espiar y verificar direcciones de migrantes. Al menos 10 empresas han ganado más de un millón de dólares a través de esta iniciativa.
Estos métodos, justificados como necesarios para perseguir a "lo peor de lo peor", han sido criticados por su impacto en la privacidad y los derechos civiles. Además, exfuncionarios han denunciado que la obsesión de Trump con la inmigración ha desviado recursos cruciales para luchar contra redes de explotación infantil y narcotráfico.
A medida que aumentan las detenciones y se intensifican las redadas, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos sigue siendo un tema polémico en Estados Unidos y en el escenario internacional.
