La muerte de Alex Pretti, un manifestante fallecido a manos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en Mineápolis, ha desatado una creciente crisis política para el presidente Donald Trump. El incidente, ocurrido el pasado sábado, ha reavivado las protestas en la ciudad y ha generado tensiones dentro de la Administración Trump, en particular por las declaraciones contradictorias del asesor principal de inmigración, Stephen Miller.
Pretti perdió la vida durante un operativo en el que agentes del CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban desplegados para apoyar labores de seguridad. Según informes oficiales, al menos dos agentes dispararon contra Pretti tras un forcejeo en el que se alegó que portaba un arma. Sin embargo, videos difundidos desde el incidente muestran que los disparos ocurrieron cuando Pretti ya estaba inmovilizado y su arma había sido confiscada.
Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump, inicialmente calificó a Pretti como "asesino" y "terrorista", defendiendo la actuación de los agentes. Sin embargo, este martes dio un giro en sus declaraciones al reconocer posibles fallos en el protocolo seguido por el CBP durante el operativo. Miller afirmó que la Casa Blanca había dado instrucciones claras al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que las fuerzas enviadas a Mineápolis se limitaran a tareas específicas, como la captura de fugitivos y la creación de barreras físicas.
El incidente se suma a las tensiones generadas por la muerte de Renee Nicole Good, otra manifestante fallecida en Mineápolis el pasado 7 de enero, lo que ha avivado las protestas en la ciudad. Trump, por su parte, prometió una investigación "honesta" sobre la muerte de Pretti, aunque no ha responsabilizado directamente a los agentes del ICE o del CBP. En su lugar, el presidente ha criticado que Pretti portara un arma, una postura que ha sido respaldada por otros funcionarios como Kristi Noem, secretaria del DHS, quien ha acusado a Pretti de cometer "un acto de terrorismo interno".
Según fuentes cercanas al caso, Trump habría defendido en privado las acciones de uno de los agentes involucrados en el disparo, lo que contrasta con su promesa pública de una investigación imparcial. El informe entregado por el DHS al Congreso confirma que los agentes actuaron bajo la creencia de que Pretti representaba una amenaza, pero las evidencias visuales han puesto en duda esta versión.
El caso de Alex Pretti no solo ha expuesto las tensiones internas dentro de la Administración Trump, sino que también ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias federales en protestas civiles. Con Mineápolis en el centro de la atención nacional, este incidente podría tener repercusiones políticas significativas en los últimos días del mandato de Trump.
