El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió esta semana las duras tácticas de su policía migratoria, asegurando que se enfrentan a "los peores criminales". Sin embargo, las cifras oficiales muestran que el 74% de los inmigrantes detenidos en enero no tienen condenas ni antecedentes penales, según datos publicados por la propia agencia de inmigración ICE. Esto pone en duda la narrativa de la Administración Trump sobre su enfoque en los delincuentes más peligrosos.
Las estadísticas, que cubren hasta el 25 de enero y se divulgaron con retraso, revelan que de las 70.766 personas en custodia, más de 34.000 no tenían cargos ni condenas, estando detenidas únicamente por "violaciones de inmigración". Solo alrededor de 18.000 tenían cargos pendientes, y otros tantos ya habían sido condenados, aunque muchos de estos últimos por delitos menores, como infracciones de tráfico.
La discrepancia entre el discurso oficial y la realidad se ha agudizado tras las críticas a las acciones de los agentes federales en Minneapolis, que resultaron en varias muertes. Tras estos incidentes, Trump reemplazó al líder de las operaciones y nombró a Tom Homan, su "zar de la frontera", quien prometió mayor colaboración con autoridades locales y un enfoque más selectivo en criminales.
Sin embargo, el número de detenciones prácticamente se ha duplicado desde que Trump asumió el cargo hace un año. Según Austin Kocher, profesor e investigador de inmigración, casi el 92% de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales, lo que contradice directamente la afirmación de la Administración de estar enfocada en los "peores de los peores".
La política migratoria de Trump también enfrenta desafíos legales. La Administración eliminó la autoridad de los jueces de inmigración para liberar bajo fianza a detenidos que no representen un riesgo, lo que ha llevado a abogados a recurrir a los tribunales federales. Estos han otorgado habeas corpus a cientos de inmigrantes, permitiendo su liberación mientras se resuelven sus casos.
Expertos creen que esta política podría llegar al Tribunal Supremo, donde podría ser validada, pero mientras tanto, los tribunales federales están saturados con casos relacionados con la inmigración. La tensión entre el enfoque de Trump y los datos reales continúa generando controversia tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
