Más de 350.000 haitianos en Estados Unidos han perdido de forma abrupta su estatus migratorio tras la suspensión del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno de Donald Trump. Esta medida, que afecta a quienes recibieron protección tras el devastador terremoto de Haití en 2010, no solo los expone a la deportación, sino que también podría generar una grave crisis en sectores clave como la salud, donde trabajan muchos de los afectados.
Guerline Jozef, fundadora de Haitian Bridges y nombrada una de las 100 mujeres más influyentes por la BBC, describe la situación como "un nuevo terremoto" para la comunidad haitiana. Según ella, entre 50.000 y 112.000 haitianos, aproximadamente un tercio de la comunidad, trabajan en el sector sanitario. Muchos llegaron con formación médica, pero tuvieron que desempeñar roles por debajo de su cualificación. "Son los mismos que arriesgaron sus vidas durante la pandemia del covid para salvar a otros", señala Jozef, quien advierte que el fin del TPS podría desencadenar "una crisis en el sistema de salud".
La política migratoria de Trump ha sido polémica, especialmente durante su campaña electoral, donde difundió falsos rumores racistas sobre la comunidad haitiana. "Estas mentiras buscaban deshumanizarlos para justificar la retirada de sus protecciones", afirma Jozef. La decisión no solo afecta a los haitianos, sino también a quienes dependen de sus cuidados, como pacientes y familias.
El impacto podría extenderse más allá del sector sanitario. El fin del TPS podría sacar del mercado laboral a cerca de 1,4 millones de trabajadores, incluidos inmigrantes de otros países. Esto ocurre en un momento en que Estados Unidos enfrenta una natalidad históricamente baja y entre ocho y diez millones de vacantes mensuales en empleos esenciales, según Jennie Murray, presidenta del National Immigration Forum.
Los inmigrantes representan el 15,6% del personal de enfermería y el 28% de los auxiliares sanitarios. Además, en 2025, constituían el 19,1% de la población activa del país, con una tasa de empleo superior a la de los nacidos en Estados Unidos, aunque desempeñan puestos menos cualificados y cobran, en promedio, un 15% menos.
La expulsión de trabajadores migrantes también podría afectar económicamente al país. Un informe del Center for Migration Studies señala que uno de cada cuatro trabajadores de la construcción y el campo es migrante, y esta proporción supera el 54% en la clasificación de productos agrícolas. Kevin Appleby, director de política migratoria de la institución, afirma que la regularización de la población indocumentada aportaría 1,2 billones de dólares a la economía en una década, mientras que las deportaciones masivas reducirían el PIB en 5,1 billones.
El primer mandato de Trump ya provocó la pérdida de dos millones de migrantes, con efectos negativos en sectores como la hostelería, la construcción y la agricultura. La dificultad para encontrar trabajadores locales podría encarecer productos y servicios en un contexto de alta inflación.
La comunidad salvadoreña teme ser la próxima en perder el TPS. Francisco Semião, presidente de la Asociación Nacional Salvadoreña de EEUU, explica que muchos evitan salir de casa por miedo a ser detenidos, llegando a perder citas médicas o eventos importantes.
A pesar de estar cerca de una reforma migratoria con la propuesta bipartidista Dignity Act, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha paralizado los avances. Carmen Rodríguez, directora de la NSAA, denuncia que la Administración está "acorralando a los migrantes para que no se sientan bienvenidos", lo que genera miedo y desesperación entre las comunidades afectadas.
Esta situación no solo impacta a los migrantes, sino que también plantea desafíos económicos y sociales para Estados Unidos, evidenciando la necesidad de una solución duradera al sistema migratorio del país.
