Colombia enfrenta una crisis migratoria mientras el nuevo gobierno ultraconservador lanza una política de deportaciones masivas tras el devastador terremoto que dejó más de 300 muertos y miles de viviendas destruidas. El presidente Abelardo de la Espriella, en el poder desde hace apenas dos semanas, ha ordenado operativos conjuntos entre Migración Colombia y la policía para identificar, detener y expulsar a migrantes irregulares, priorizando a quienes hayan cometido delitos.
Esta medida, presentada como una política de "seguridad", vincula directamente migración con criminalidad, generando críticas por su carácter xenófobo y represivo. De la Espriella ha defendido su postura con la consigna "primero los colombianos", promoviendo un discurso nacionalista que enfrenta a trabajadores locales con migrantes, principalmente venezolanos, que constituyen el mayor grupo de extranjeros en el país.
Según cifras oficiales, en Colombia residen más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca del 20% están en situación irregular. La mayoría llegó huyendo de la crisis económica y social en su país de origen, pero el gobierno colombiano los presenta como una amenaza para la seguridad nacional y el empleo local.
Expertos advierten que esta política no solo criminaliza a migrantes vulnerables, sino que también favorece a empresarios que se benefician de mano de obra irregular y mal pagada. La amenaza de deportación dificulta que los trabajadores migrantes reclamen derechos laborales o denuncien abusos, lo que empeora las condiciones para todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad.
La medida llega en un momento crítico para Colombia, que aún se recupera del terremoto que dejó a miles de familias sin hogar o empleo. En lugar de priorizar la reconstrucción, el gobierno ha optado por una política migratoria represiva que podría militarizar aún más el país y profundizar las tensiones sociales.
Mientras tanto, organizaciones defensores de derechos humanos llaman a la unidad entre trabajadores colombianos y migrantes, destacando que el verdadero enemigo no es el migrante, sino quienes se benefician de la explotación laboral y la desigualdad económica. La xenofobia, advierten, solo sirve para distraer la atención de problemas estructurales y dividir a quienes enfrentan condiciones laborales precarias.
