El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado revisar la legalidad de los polémicos aranceles impuestos durante la presidencia de Donald Trump. Estos gravámenes, que afectaron a países como México, Canadá y China, fueron declarados ilegales por tribunales inferiores, pero ahora su futuro está en manos de los magistrados. La decisión final podría tener un impacto significativo en la economía global y en las relaciones comerciales internacionales.
El caso se centra en los aranceles del 10% que Trump aplicó a las importaciones estadounidenses, así como en los llamados impuestos "recíprocos" y aquellos vinculados al tráfico de fentanilo. El expresidente justificó estas medidas bajo la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977. Sin embargo, tanto el Tribunal Internacional de Comercio como un tribunal de apelaciones determinaron que Trump no tenía autoridad para imponerlos.
El Tribunal Supremo, dominado por una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas, ha dado a las partes hasta el 19 de septiembre para presentar la documentación necesaria. La vista oral está programada para la primera semana de noviembre. Mientras tanto, los aranceles continúan en vigor.
Trump ha advertido que la anulación de estos gravámenes podría llevar a EEUU a un colapso económico, llegando a afirmar que el país se convertiría en una "nación del tercer mundo". No obstante, incluso si el Supremo los anula, el expresidente podría buscar otras vías legales para restablecerlos, como ya ha hecho con aranceles sectoriales en productos como el aluminio, el acero y los automóviles.
El desenlace de este caso marcará un precedente crucial para la política comercial de Estados Unidos y sus relaciones con el mundo.
