En Andalucía, España, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha lanzado una demanda que podría cambiar la forma en que se gestiona la seguridad en grandes eventos públicos. En pleno debate sobre la responsabilidad financiera de los espectáculos masivos, el sindicato exige que estos contribuyan directamente a sufragar los costes de los operativos policiales que requieren. La medida, según el SUP, busca garantizar la sostenibilidad de la seguridad y evitar que los recursos públicos carguen solos con la factura. Este domingo, el derbi entre el Real Betis y el Sevilla FC será el escenario de uno de los dispositivos policiales más complejos del año.
El SUP argumenta que eventos como este, que generan ingresos millonarios, deben apoyar activamente a los cuerpos de seguridad. “No puede recaer todo sobre los recursos públicos”, afirma Ángel Becerra, secretario federal del SUP en Andalucía. “Quien genera el servicio, debe contribuir a financiarlo”, añade. El sindicato no solo busca financiación, sino también mejorar las condiciones de los agentes, muchos de los cuales aún carecen de chalecos antibalas y trabajan en instalaciones deterioradas.
La organización ha denunciado que la falta de recursos es incompatible con una policía moderna y europea. “No puede exigirse excelencia operativa sin garantizar medios adecuados”, recalcan. El SUP propone que el copago en grandes eventos permita reforzar la protección individual, modernizar infraestructuras y asegurar que los agentes trabajen en condiciones dignas. La idea es que la seguridad pública, un “pilar del Estado de Derecho”, reciba la financiación necesaria para proteger tanto a los ciudadanos como a quienes velan por ellos.
“La seguridad es una inversión, no un gasto”, concluye Becerra. La demanda del SUP llega en un momento clave, con eventos deportivos y culturales que siguen atrayendo grandes multitudes en España. La iniciativa podría sentar un precedente para otros países europeos que enfrentan desafíos similares en la gestión de la seguridad en espectáculos masivos. La pregunta ahora es si los organizadores de estos eventos estarán dispuestos a asumir un mayor protagonismo en la financiación de los dispositivos policiales que hacen posible su celebración.
