El partido político Junts ha lanzado una serie de preguntas al Gobierno español para esclarecer lo que denuncian como "abusos" de la Agencia Tributaria en su controvertido caso contra la cantante Shakira. El debate surge después de que la Audiencia Nacional anulara una decisión fiscal que obligaba a la artista a pagar millones de euros por impuestos, dictaminando que ella no era residente fiscal en España durante 2011. Este fallo judicial obligará a devolverle más de 55 millones de euros, aunque ya había pagado cerca de 17,5 millones por ejercicios posteriores.
Junts, liderado por el exiliado Carles Puigdemont, sostiene que este caso revela prácticas abusivas por parte de Hacienda tanto a nivel nacional como en Cataluña. El partido ha cuestionado si el Gobierno considera que esas acciones se ajustan a los principios de buena administración y confianza legítima, especialmente después de que la Agencia Tributaria mantuviera una inspección de una década sin poder demostrar la residencia fiscal de Shakira.
Además, el partido ha puesto el foco en los posibles incentivos económicos que reciben los inspectores de Hacienda. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha preguntado si estos funcionarios reciben bonos relacionados con el monto de las liquidaciones y sanciones que imponen, y si existen mecanismos para devolver esos pagos cuando los tribunales anulan sus decisiones. Esta misma inquietud ha sido planteada en el Senado, donde los representantes de Junts han solicitado detalles sobre los incentivos otorgados a los inspectores.
Por último, Junts busca calcular el costo total de este prolongado proceso para las arcas públicas, incluyendo no solo las cuotas devueltas y los intereses, sino también los gastos judiciales y legales acumulados durante casi una década. Este caso, que ha generado un amplio debate sobre las prácticas fiscales en España, podría tener repercusiones significativas en cómo se percibe la actuación de la Agencia Tributaria en el futuro.
