El Gobierno de República Dominicana ha rechazado públicamente las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre sus políticas migratorias, defendiendo su derecho soberano a regular la entrada y permanencia de extranjeros en su territorio. En un comunicado emitido este martes, las autoridades dominicanas subrayaron que enfrentan una presión migratoria sin precedentes debido a la crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití, país vecino con el que comparten la isla de La Española.
Según el Gobierno dominicano, la situación migratoria debe abordarse desde una perspectiva regional y no como un problema exclusivo de República Dominicana. El país ha asumido, según sus declaraciones, una carga desproporcionada durante décadas, actuando con solidaridad pero también con la responsabilidad de proteger sus intereses nacionales. Las autoridades insistieron en que ninguna nación puede ser obligada a asumir la protección de ciudadanos de otro Estado ante el colapso institucional de este último.
En su respuesta, República Dominicana hizo hincapié en que sus medidas migratorias están alineadas con la Constitución, las leyes nacionales y los estándares internacionales de derechos humanos. Rechazó específicamente la recomendación de la CIDH de aplicar de manera general el principio de no devolución a personas en situación migratoria irregular, argumentando que esto equivaldría a obligar al país a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar de manera ilegal.
El Gobierno también destacó que continúa brindando atención médica de urgencia a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, y que ha implementado mejoras en los centros de procesamiento migratorio para garantizar condiciones dignas. Sin embargo, expresó preocupación porque la CIDH, en su opinión, parece dar más peso a acusaciones no verificadas que a la información oficial proporcionada por las autoridades dominicanas.
En cuanto a la crisis de Haití, República Dominicana reiteró su compromiso de buscar soluciones multilaterales y abogar en foros internacionales por una respuesta coordinada y solidaria. Insistió en que la situación no puede resolverse unilateralmente y que requiere esfuerzos colectivos de la región y la comunidad internacional.
Finalmente, el Gobierno dominicano subrayó que la protección de los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional son objetivos complementarios. Reafirmó su voluntad de cooperar con la CIDH basándose en el respeto mutuo y la buena fe, manteniendo abiertos los canales de diálogo para lograr soluciones equilibradas que respeten tanto los derechos humanos como la soberanía del país.
