El uso de fuerza letal por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos en Minneapolis, donde dos ciudadanos fueron abatidos a quemarropa en enero, podría ser considerado asesinato extrajudicial, según advirtieron este miércoles seis relatores de la ONU en un comunicado conjunto.
Los expertos señalaron que estos hechos también constituyen una privación arbitraria de la vida y otras graves violaciones del derecho internacional. Entre los firmantes se encuentran los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; libertad de reunión, Gina Romero; y tortura, Alice Jill Edwards.
Además, los relatores expresaron preocupación por un patrón más amplio de graves abusos vinculados a la Operación "Metro Surge", llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La operación, supuestamente destinada a detener y deportar a inmigrantes indocumentados en Minnesota, ha incluido el uso excesivo de la fuerza contra presuntos inmigrantes indocumentados, manifestantes pacíficos y transeúntes.
Desde diciembre, miles de agentes armados del ICE y la CBP han llevado a cabo redadas militarizadas sin orden judicial, basadas en perfiles raciales, y detenciones agresivas cerca de escuelas y hospitales, según denunciaron los expertos.
Los relatores instaron a las autoridades estadounidenses a garantizar que los responsables de cualquier asesinato ilegal y violación de derechos humanos rindan cuentas. "Sin una desescalada inmediata, un respeto al derecho a la vida y a las libertades fundamentales, y una responsabilidad clara, las tensiones corren el riesgo de estallar en una violencia más amplia", advirtieron.
El comunicado también fue firmado por Mary Lawlor, relatora de la ONU sobre defensores de derechos humanos, y sus homólogos en la lucha antiterrorista, Ben Saul, y en libertad de expresión, Irene Khan. Este caso ha puesto en evidencia las prácticas controvertidas de las autoridades migratorias estadounidenses y ha generado un llamado internacional para frenar los abusos y garantizar la justicia.
