La crisis eléctrica en República Dominicana ha desatado una ola de protestas en varios barrios y comunidades, donde los ciudadanos enfrentan apagones de hasta 12 horas. Los manifestantes han expresado su descontento con cacerolazos, quemas de neumáticos y bloqueos de calles, exigiendo al Gobierno una solución inmediata al problema.
Legisladores de oposición han respaldado las protestas, calificándolas como un derecho legítimo de los ciudadanos. Danilo Díaz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó la gestión del Gobierno actual, acusándolo de un "manejo deficiente" en el sector eléctrico. "La gente tiene que manifestar su indignación", declaró.
Por su parte, Charlie Mariotti Paz, otro diputado opositor, denunció la situación como "un abuso" y pidió a la Superintendencia de Electricidad que proteja a los usuarios frente al aumento de las tarifas, a pesar de los prolongados cortes de luz. Tayluma Calderón, de la Fuerza del Pueblo (FP), destacó que los sectores más vulnerables son los más afectados y criticó la falta de planificación.
Desde el oficialismo, la legisladora Adelis De Jesús Olivares defendió la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), asegurando que están trabajando para estabilizar el sistema. Olivares recordó que el Gobierno heredó un sistema eléctrico colapsado y acusó a la oposición de no tener "calidad moral" para criticar.
Las últimas semanas han sido testigo de un aumento en las protestas, especialmente en áreas como Los Alcarrizos, Las Guáyigas y la avenida Jacobo Majluta. Los ciudadanos reclaman que no se les ha dado una explicación clara sobre las causas de los apagones ni un cronograma para solucionar el problema.
El presidente Luis Abinader atribuyó los cortes al incremento en la demanda de electricidad por las altas temperaturas y aseguró que se están impulsando proyectos para estabilizar el sistema. Sin embargo, la paciencia de la población parece haberse agotado mientras los apagones continúan.
La crisis eléctrica sigue siendo un foco de tensión en el país, con ciudadanos y autoridades en desacuerdo sobre quién debe asumir la responsabilidad y cómo resolver el problema.
