El Gobierno de España enfrenta una propuesta legislativa del Partido Popular (PP) que busca aumentar el control parlamentario sobre los gastos militares y evitar transferencias de fondos entre ministerios sin aprobación previa. La iniciativa llega en un momento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incrementado el gasto en defensa sin consultar al Congreso, generando tensiones políticas.
Este martes, el Pleno del Congreso debatirá y votará la propuesta del PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que exige que todos los créditos extraordinarios o suplementarios relacionados con defensa y seguridad sean sometidos a las Cortes Generales. El Gobierno ha aprobado recientemente un aumento de 10.471 millones de euros en el gasto militar para alcanzar el 2% del PIB, comprometiéndose además a llegar al 5% con la OTAN. Sin embargo, la Alianza Atlántica ha otorgado a España cierta "flexibilidad" para cumplir este objetivo.
El PP argumenta que, dado que el Gobierno se encuentra en minoría parlamentaria, es "más necesario que nunca" que estas decisiones pasen por el Legislativo. Para ello, propone modificar el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, que regula los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, incluyendo explícitamente los relacionados con defensa.
Además, el partido conservador busca prohibir la transferencia de créditos entre ministerios sin la aprobación de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta práctica, permitida por el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos de 2023, permite al Gobierno reasignar fondos para cubrir necesidades "ineludibles", incluyendo partidas relacionadas con fondos europeos. El PP considera que esta medida, aunque útil durante la pandemia, ahora sirve como una "puerta trasera" para evitar el control presupuestario.
Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, ha criticado duramente esta práctica, calificándola de "contraria a la Ley General Presupuestaria". El partido propone derogar el artículo 9.1 y establecer una prohibición expresa de las transferencias de crédito entre secciones ministeriales.
Este enfrentamiento político refleja las tensiones internas en España, donde el Gobierno de Sánchez opera con una mayoría frágil y enfrenta presiones para cumplir con los compromisos internacionales en materia de defensa. La votación de este martes podría marcar un punto de inflexión en el control parlamentario sobre el gasto público y las políticas militares del país.
