El presidente provisional de Perú, José Jerí, ha declarado un estado de emergencia en Lima y el puerto del Callao durante 30 días para combatir la ola de inseguridad que azota la región. La medida, que afecta a más de 10 millones de personas, permitirá a las Fuerzas Armadas colaborar con la policía en el control de zonas críticas. Esta decisión llega tras el aumento alarmante de crímenes violentos y extorsiones en los últimos meses.
Jerí, quien asumió el cargo hace dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte, anunció que el Gobierno está decidido a cambiar el rumbo en la lucha contra la delincuencia. "La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias", afirmó el mandatario. Solo entre enero y octubre de 2025, al menos 47 conductores de buses fueron asesinados, y se registraron 20.705 denuncias de extorsión, un 28,8% más que en el mismo período del año anterior.
El estado de emergencia otorga al Gobierno poderes adicionales, como la capacidad de ocupar el espacio público y restringir libertades como la inviolabilidad del domicilio y el derecho de reunión. Estas medidas ya han generado polémica, especialmente después de que una masiva movilización en contra de Jerí terminara con un joven muerto y cientos de heridos. Para realizar actividades públicas masivas, ahora es necesario solicitar permiso a las autoridades.
La gestión de Jerí se enfrenta a una profunda fragilidad institucional. Perú ha tenido siete presidentes desde el inicio de la crisis política, y el Ministerio del Interior ha cambiado de titular 15 veces en los últimos cuatro años. Esta inestabilidad ha dificultado la creación de una estrategia coherente de seguridad ciudadana. "El Ejecutivo peruano opera en un ciclo perpetuo de improvisación y desorden", señaló el diario El Comercio.
Con este estado de emergencia, Jerí busca no solo contener el crimen sino también consolidar su posición política de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, las medidas adoptadas podrían enfrentar resistencia tanto de la población como de sectores políticos opuestos.
La situación en Lima y el Callao sigue siendo crítica, y el éxito de esta estrategia dependerá de su implementación y del apoyo que logre reunir el Gobierno en los próximos 30 días.
