Una nueva fuerza multinacional de seguridad desplegará poderes ampliados para frenar la violencia de pandillas en una nación en crisis, pero podría chocar con los mismos problemas de financiamiento que hundieron a su predecesora.
La misión, respaldada por la ONU y varios gobiernos, tendrá autorización para operaciones más agresivas contra grupos criminales que han sumido al país en el caos. Fuentes diplomáticas confirmaron que los efectivos podrán realizar arrestos y allanamientos sin restricciones burocráticas.
El plan llega tras el fracaso de una iniciativa similar el año pasado, que colapsó por falta de fondos y disputas entre países contribuyentes. "Los recursos siguen siendo la gran incógnita", admitió un alto funcionario bajo condición de anonimato.
La violencia pandillera ha escalado dramáticamente, con masacres, secuestros y control de barrios enteros. Solo en enero, más de 1.500 civiles murieron en ataques vinculados a estos grupos, según datos de Naciones Unidas.
Estados Unidos y Canadá lideran el apoyo logístico, mientras que naciones caribeñas y latinoamericanas aportarán tropas. Sin embargo, analistas advierten que sin fondos sostenibles, la operación podría repetir el destino de su antecesora.
La crisis humanitaria generada por las pandillas ha provocado un éxodo masivo hacia fronteras vecinas, aumentando tensiones regionales. "Es una bomba de tiempo que requiere acción inmediata", señaló un experto en seguridad entrevistado por The Sun.
Mientras los primeros contingentes se preparan para desplegarse en las próximas semanas, la comunidad internacional observa si esta vez los compromisos económicos se materializarán o quedará en otro esfuerzo fallido.
