Nicaragua se ha situado como el segundo país más corrupto de América Latina en 2025, según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por Transparency International. Con una puntuación de 14 sobre 100, el país solo es superado por Venezuela, que obtuvo 10 puntos. Este escenario refleja una grave crisis institucional marcada por la represión política, la falta de transparencia y el debilitamiento de los controles democráticos.
Desde abril de 2018, Nicaragua ha vivido una profunda crisis política y social que se ha intensificado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato presidencial, y su esposa, Rosario Murillo, continuó como vicepresidenta. Sin embargo, el proceso electoral fue ampliamente cuestionado internacionalmente debido a la detención o exilio de los principales candidatos opositores, según informes de organizaciones como Human Rights Watch.
El gobierno de Ortega y Murillo ha consolidado su poder mediante reformas constitucionales y la represión sistemática de voces críticas. Más de 5.500 organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas, y cientos de líderes sociales, periodistas y religiosos han sido forzados al exilio o han perdido su nacionalidad. Este clima de represión ha llevado al país a un aislamiento internacional, incluyendo su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) y varias agencias de Naciones Unidas.
La economía nicaragüense también enfrenta graves problemas. Depende en gran medida de las remesas, que en 2024 representaron alrededor del 29% del PIB, según la International Trade Administration. Aunque el Banco Central estima un crecimiento del 3 al 4%, este no se traduce en una mejora del empleo formal. En cambio, la informalidad laboral y la pobreza han aumentado, mientras que la inflación ha elevado el costo de la canasta básica muy por encima del salario mínimo. Además, las políticas fiscales del gobierno han priorizado impuestos sobre productos básicos, lo que ha generado mayor descontento social.
El impacto de esta crisis se ha visto reflejado en una migración masiva. Desde 2018, más de 340.000 nicaragüenses han solicitado asilo en el extranjero, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos. Este éxodo ha dejado una huella profunda en la sociedad y ha aumentado la presión sobre la región.
Transparency International destaca que la corrupción en Nicaragua se ha consolidado debido a la falta de controles democráticos y la debilidad institucional. A pesar de las protestas ciudadanas y el creciente descontento social, las perspectivas de cambio parecen distantes en un contexto de represión y aislamiento. La comunidad internacional sigue observando con preocupación el deterioro de la situación en el país centroamericano.
