Las mafias han tomado el control de las prisiones en Ecuador, estableciendo un sistema criminal que fija precios exorbitantes para bienes básicos, impone castigos brutales y cobra peajes por la seguridad de los internos. Este mercado paralelo, descrito en un informe reciente, ha convertido las cárceles del país en centros de explotación donde la supervivencia depende del dinero que las familias puedan pagar.
Dentro de este sistema, productos esenciales como un litro de aceite pueden costar hasta $ 20, mientras que una pastilla de paracetamol se vende entre $ 3 y $ 5, frente a un precio promedio de $ 0,30 en el mercado exterior. Las mafias controlan el acceso a alimentos, medicinas y artículos de higiene, imponiendo tarifas que convierten necesidades básicas en bienes de lujo.
La violencia también tiene un precio. Las familias deben pagar alrededor de $ 1.500 para que los internos accedan a pabellones menos peligrosos, aunque esta protección es temporal y está condicionada al pago de nuevas cuotas. Además, el ingreso de armas como revólveres y fusiles de asalto tiene un costo que oscila entre $ 4.000 y $ 15.000, evidenciando la complicidad de funcionarios corruptos.
Las familias de los reclusos son sometidas a extorsiones constantes. Las bandas cobran "vacunas" por protección, un esquema que disparó sus precios tras las masacres carcelarias, llegando a $ 1.500 en algunos centros. Mujeres, principalmente madres y hermanas, asumen la carga financiera para evitar represalias contra sus seres queridos.
El informe señala que esta economía criminal se sostiene gracias a la corrupción institucionalizada. Entre el 20 % y el 30 % del valor de las transacciones ilícitas se destina a sobornos para personal penitenciario, policías y militares. Esto permite el ingreso de bienes, el control de pabellones y la continuidad del sistema.
A pesar de los operativos estatales para reducir el uso de efectivo en las cárceles, las mafias han adaptado sus métodos, incrementando las transferencias digitales controladas desde el exterior. Mientras el Estado no garantice condiciones mínimas dentro de las prisiones, el mercado ilegal seguirá siendo la única opción para los internos.
El estudio plantea la necesidad de políticas integrales de rehabilitación, fortalecimiento de mecanismos anticorrupción y rediseño de la asignación de reclusos según su riesgo. Sin estos cambios, las cárceles de Ecuador seguirán siendo escenarios donde la supervivencia tiene un precio y las mafias gobiernan con impunidad.
