Maduro acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcos para operar en México

Maduro acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcos para operar en México

Maduro acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes en megaescándalo internacional

El régimen de Nicolás Maduro está en el centro de un escándalo global tras revelarse que habría vendido pasaportes diplomáticos a carteles de drogas mexicanos durante su etapa como canciller de Hugo Chávez. Documentos judiciales de EE.UU. lo vinculan directamente con Los Zetas y el Cártel de Sinaloa en una red transnacional que movió toneladas de cocaína hacia Norteamérica.

La fiscalía de Nueva York detalla en un expediente de 25 páginas cómo Maduro y sus aliados convirtieron a Venezuela en un narcoestado. Según las pruebas, diplomáticos venezolanos facilitaron documentos oficiales a narcotraficantes para que operaran libremente entre México y EE.UU., usando incluso vuelos gubernamentales.

La conexión mexicana
Testimonios y registros financieros señalan que Los Zetas sobornaron al poderoso Diosdado Cabello, actual ministro del Interior venezolano, para coordinar envíos de droga. El Chapo Guzmán habría financiado laboratorios clandestinos en Colombia, cuya producción llegaba a puertos mexicanos en contenedores camuflados como carga diplomática.

"Maduro y su círculo convirtieron embajadas en centros logísticos para el narcotráfico", afirma el documento. Entre 1999 y 2019, México no solo fue ruta de tránsito, sino base operativa del llamado Cártel de los Soles, una estructura criminal dirigida por altos funcionarios chavistas.

Operación multinacional
La red usaba Honduras, Guatemala y México como escalas, pagando a autoridades locales para garantizar el flujo de cocaína. El expediente menciona al Tren de Aragua —una peligrosa banda venezolana— como brazo ejecutor de los envíos, junto con células de Los Zetas.

Este caso refuerza las acusaciones previas contra Maduro por narcoterrorismo, ahora ampliadas con pruebas de corrupción en el sistema diplomático. La justicia estadounidense fijó para el 26 de marzo la próxima audiencia, donde se presentarán más testigos clave. Mientras, México enfrenta presiones para investigar su presunta complicidad en la trama.

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