Una madre soltera de dos niños en República Dominicana ha visto su vida convertirse en un calvario tras mudarse a su nueva vivienda. Jean Lineiris Reyes ha enfrentado facturas de electricidad desorbitadas, llegando a pagar más de RD$12,000 mensuales, incluso sin tener un contador instalado. Tras más de dos años de reclamos y una docena de expedientes, sus quejas han sido respondidas con la misma palabra: "improcedente".
Jean comenzó a recibir estas facturas excesivas apenas unas semanas después de mudarse. "Muchas veces he llegado llorando a las oficinas a poner la reclamación", confiesa. A pesar de sus esfuerzos, ninguna de las facturas, que oscilan entre RD$9,000 y RD$12,000, ha sido reconocida como un error del sistema. La angustia no solo es económica, sino también emocional, al sentir que no tiene salida.
Su lucha no se ha limitado a presentar quejas ante PROTECOM (Procuraduría Especializada de Delitos Administrativos y Corrupción), sino que también ha elevado recursos ante la Superintendencia de Electricidad. Sin embargo, todas las vías parecen agotadas. Ahora, Jean está considerando llevar su caso al Tribunal Contencioso Administrativo, aunque admite que los costos legales la han detenido. "Es como estar en cuatro paredes sin salida", resume con frustración. "Te obligan a pagar porque si no, te quedas sin luz. Y quedarse sin luz no es opción".
La Ley 125-01 establece que la facturación debe ser justa, las mediciones correctas y los reclamos respondidos de manera oportuna. Sin embargo, casos como el de Jean muestran cómo estas garantías quedan en el papel, dejando a los usuarios atrapados en un sistema que parece no ofrecerles salida. La historia de Jean es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchos en el país, donde las facturas de electricidad se han convertido en una carga insoportable.
La situación de Jean sigue sin resolverse, y su lucha continúa mientras busca justicia en un sistema que, por ahora, parece haberla dejado atrapada.
