La UE endurece sus políticas migratorias, pero la mitad de los países no está lista para aplicarlas
El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, acordado hace dos años, entrará en vigor el 12 de junio, marcando un giro hacia normas más duras para frenar la inmigración irregular. Sin embargo, la Comisión Europea ha admitido que la mitad de los 27 países del bloque no están preparados para implementar las nuevas reglas.
El acuerdo, negociado tras la crisis migratoria de 2015 —cuando más de un millón de personas llegaron a Europa huyendo de guerras—, introduce procedimientos acelerados en fronteras, facilita las deportaciones y permite a los países pagar en lugar de acoger refugiados. Pero Bruselas reconoce que muchos estados aún no tienen la infraestructura, el personal o las leyes nacionales necesarias.
Solo 15 países, incluidos España y Grecia —los más afectados por las llegadas—, están listos para aplicar los controles fronterizos rápidos, que evalúan en días si un migrante puede pedir asilo o debe ser expulsado. Los demás, como Alemania e Italia, siguen retrasados en la construcción de centros de detención o en adaptar sus sistemas legales.
Las nuevas normas también permiten detener temporalmente a migrantes, registrar sus datos biométricos —incluso de menores— y deportar a quienes vengan de países considerados "seguros", como Marruecos, Túnez o India. Además, los estados podrán externalizar los trámites a zonas fronterizas, evitando que los solicitantes entren en territorio europeo.
Como parte de la reforma, la UE aprobó un mecanismo de solidaridad: los países bajo presión, como España, podrán pedir ayuda, y el resto decidirá si recibe refugiados o paga compensaciones. Sin embargo, este sistema aún no se ha activado.
Pese a los avances, Bruselas admite que el pacto es "complejo" y llevará tiempo implementarlo por completo. Mientras, la crisis migratoria sigue viva, con miles de personas arriesgando sus vidas para alcanzar Europa cada año.
