Una jueza en EE.UU. frenó este martes la deportación masiva de 350.000 haitianos protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), en un duro revés para los planes de Donald Trump. La decisión judicial llega mientras Haití enfrenta una ola de violencia sin precedentes, con casi 6.000 asesinatos registrados este año y bandas armadas controlando gran parte del país.
La magistrada Ana Reyes bloqueó temporalmente el fin del TPS -que vencía este 2 de julio- al afirmar que el Departamento de Seguridad Nacional "ignoró los hechos" sobre la crisis haitiana. La secretaria Kristi Noem insistía en que la situación en la isla caribeña había "mejorado", pese a los informes de la ONU que describen un caos político desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Pero la batalla legal no ha terminado. El gobierno de Trump ya anunció que apelará a la Corte Suprema, acusando a la jueza de "activismo ilegal". "El TPS nunca fue una amnistía permanente", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, recordando que el programa se creó tras el terremoto de 2010.
Impacto en ambos países
Deportar a estos migrantes tendría consecuencias devastadoras: Florida perdería 113.000 trabajadores clave -muchos en hospitales y residencias de ancianos- que generan $1.300 millones en impuestos. "Sería un desastre para los estadounidenses mayores que dependen de sus cuidados", advirtió Luis Zaldívar de la Coalición de Negocios Pro Inmigración.
En Haití, el retorno masivo agravaría la crisis humanitaria. Las bandas controlan el 80% de Puerto Príncipe y el país no tiene presidente electo. Paradójicamente, la propia administración Trump mantiene una prohibición de viajes a Haití por "violencia extrema".
El congresista Maxwell Frost, de origen haitiano, celebró el fallo pero advirtió: "Es solo un respiro. Mandar gente a esa guerra es cruel". Mientras, activistas temen que Trump ahora apunte a eliminar el TPS de nicaragüenses, salvadoreños y sudaneses.
La Corte Suprema podría permitir deportaciones durante el litigio, como hizo con venezolanos en 2025. "Estamos en un limbo legal", admitió Zaldívar. Con elecciones en noviembre, el destino de estos migrantes sigue atado a la batalla política en Washington.
