Donald Trump ha recibido un duro golpe judicial después de que una jueza federal bloqueara temporalmente un controvertido fondo de casi 1.800 millones de dólares destinado a sus aliados políticos. La magistrada Leonie Brinkema ordenó detener la creación y operación del llamado "Fondo contra la Instrumentalización", que el expresidente estadounidense anunció como apoyo a quienes, según él, fueron víctimas de persecución judicial durante gobiernos demócratas, incluyendo a algunos condenados por el asalto al Capitolio de 2021.
El fondo, anunciado la semana pasada por el Departamento de Justicia, pretendía compensar a aquellos que Trump afirma fueron perseguidos por motivos políticos o ideológicos. Sin embargo, la jueza Brinkema decidió paralizar cualquier transferencia de dinero, estudio de reclamaciones o desembolso hasta al menos el 12 de junio, cuando se celebrará una audiencia para evaluar si la suspensión debe continuar.
El dinero provendría del "Judgment Fund", una bolsa creada por el Congreso para pagar acuerdos legales contra el Gobierno federal. Sin embargo, la falta de claridad sobre quién podría beneficiarse ha generado críticas y sospechas de que el fondo podría convertirse en una herramienta para recompensar a simpatizantes de Trump, incluyendo a algunos participantes en el ataque al Capitolio.
El proyecto ha sido descrito por sus detractores como una "farsa corrupta" y un intento de utilizar fondos públicos para beneficiar a personas condenadas por delitos graves. Entre los demandantes que buscan bloquear el fondo se encuentran agentes policiales que defendieron el Capitolio durante el asalto, así como ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de persecución durante la propia Administración Trump pero que temen quedar excluidos del programa.
La iniciativa forma parte de un acuerdo más amplio mediante el cual Trump retiró una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales. Aunque el acuerdo incluía una "disculpa formal" para él y sus hijos, no contemplaba compensaciones económicas directas.
Desde la organización Democracy Forward, que representa a los demandantes, celebraron la decisión judicial como una "victoria para la transparencia y el Estado de derecho". Trump, por su parte, defiende que el fondo busca reparar a víctimas de lo que él llama "instrumentalización y guerra judicial" bajo gobiernos demócratas.
La polémica ha entrado de lleno en el debate político estadounidense, con congresistas demócratas e incluso algunos republicanos intentando imponer límites para evitar que el dinero público beneficie a aliados políticos o personas condenadas por su participación en el asalto al Capitolio. Mientras tanto, el fondo permanece congelado, dejando en suspenso uno de los proyectos más controvertidos de la Administración Trump.
