Los interventores judiciales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Argentina preparan extender su gestión al menos cuatro meses más, posponiendo las elecciones internas para consolidar una nueva dirección alineada con el Gobierno y el Grupo Techint, mientras alejan al líder desplazado Abel Furlán y sus aliados. Esta decisión llega en medio de una investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y una disputa por el control del sindicato más grande del sector fabril del país.
La intervención de la UOM comenzó el 22 de mayo, cuando un tribunal laboral anuló la elección en la ciudad de Campana, base política de Furlán. Esto provocó la pérdida de su legitimidad como secretario general designado por las seccionales de todo el país. Tres abogados—Alberto Biglieri, Pablo Iglesias y Ariel Alonso—fueron designados para administrar el sindicato y su obra social, con salarios mensuales que superan los 12 millones de pesos. Biglieri, figura clave en esta intervención, renunció formalmente al tribunal el 16 de noviembre, pero continuará como asesor "ad honorem".
La Justicia federal también citó a Furlán y a otros cinco líderes sindicales, incluida Soledad Calle, exadministradora de la obra social metalúrgica, para declarar en una investigación por presunta administración fraudulenta. Las actuales autoridades confían en que un eventual procesamiento podría impedir el regreso de Furlán al poder sindical.
Durante su gestión, los interventores han implementado medidas controvertidas, como la firma de convenios salariales por debajo de la inflación y la introducción de un banco de horas en una empresa automotriz china aún no operativa en Campana. También han desplazado a Calle por sospechas de irregularidades y han reabierto las puertas de la obra social a empresarios vinculados a gestiones anteriores.
El plazo de 180 días para convocar elecciones en Campana vence este mes, pero Biglieri anunció que no se ha logrado reconstruir los padrones electorales, retrasando el proceso hasta febrero. Además, la intervención busca coordinar estas elecciones locales con la designación del nuevo secretario general nacional, que será elegido por los jefes de las 54 seccionales de la UOM.
Entre los posibles candidatos para liderar la UOM se encuentran Roberto Bonetti, líder de la seccional Capital Federal y sucesor de Antonio Caló, junto a otros dirigentes que han apoyado la intervención judicial. Biglieri ha sugerido que podría convocar ambas elecciones simultáneamente si logra un acuerdo entre las seccionales descontentas con Furlán.
La prolongación de la intervención y las medidas adoptadas reflejan una profunda reestructuración dentro de la UOM, marcando un giro hacia políticas más alineadas con el Gobierno y el sector empresarial, mientras se aleja de las bases históricas del sindicato. Este proceso podría redefinir el futuro del movimiento obrero metalúrgico argentino en un contexto de reformas laborales y tensiones políticas.
