Un documento judicial revela que información compartida con Irán podría poner en peligro la vida de manifestantes prodemocráticos, minorías religiosas y personas LGTBQ en el país. La denuncia, presentada en un tribunal no especificado, advierte que estos grupos vulnerables enfrentarían graves represalias si los datos caen en manos del régimen iraní.
La acusación surge en medio de crecientes tensiones internacionales sobre el trato de Teherán hacia los disidentes. Activistas señalan que el gobierno iraní ha intensificado la persecución contra opositores y colectivos marginados, especialmente tras las protestas masivas de 2022.
Aunque no se detalla el origen de la información ni quién la habría compartido, expertos alertan sobre posibles filtraciones desde organismos extranjeros o bases de datos globales. "Cualquier dato sensible sobre estas personas podría ser usado para identificarlas, arrestarlas o incluso ejecutarlas", explicó una fuente cercana al caso.
Irán mantiene leyes estrictas contra la homosexualidad y restringe severamente la libertad religiosa. Solo en el último año, al menos 200 activistas han sido encarcelados, según ONG locales.
El caso reaviva el debate sobre la protección de datos y la responsabilidad de gobiernos y empresas al manejar información crítica. Organizaciones de derechos humanos exigen investigaciones inmediatas para evitar una posible tragedia.
Mientras, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de estas acusaciones, que podrían agravar las ya deterioradas relaciones con el régimen iraní.
