Puerto Príncipe. Haití se encamina hacia una etapa crucial de su prolongada transición política, con la mira puesta en un proceso electoral que debería celebrarse en las próximas semanas con el objetivo de restablecer el orden constitucional, tras años de crisis institucional y el vacío de poder que se profundizó luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021.
Sin embargo, ese objetivo enfrenta obstáculos de gran magnitud. De acuerdo con Naciones Unidas, el país continúa sumido en una inseguridad generalizada, con amplias zonas bajo el control de bandas criminales armadas y una institucionalidad debilitada que limita seriamente la capacidad del Estado para garantizar gobernabilidad.
Estimaciones citadas por organismos internacionales indican que cerca del 80 % de Puerto Príncipe permanece fuera del control efectivo de las autoridades, una situación que ha derivado en violencia persistente, paralización de servicios básicos y desplazamiento forzado de miles de personas.
Elecciones bajo un contexto frágil
En este escenario, Haití tiene previsto celebrar elecciones el próximo 7 de febrero, un proceso que recae en el Consejo Presidencial de Transición (CPT), órgano colegiado que dirige el Estado desde abril de 2024 y que está integrado por nueve representantes de distintos sectores políticos y sociales.
El mandato del CPT es conducir al país hacia un gobierno legítimo y preparar el camino para la restauración plena de las instituciones democráticas. No obstante, la ONU ha advertido que las condiciones para la celebración de los comicios siguen siendo extremadamente frágiles.
En un informe presentado ante el Consejo de Seguridad, el representante especial de Naciones Unidas para Haití, Carlos Ruiz Massieu, señaló que el país atraviesa “una fase crítica de la restauración de sus instituciones democráticas”, y subrayó la necesidad de consenso político, continuidad institucional y mejoras sustanciales en materia de seguridad para evitar que la transición se estanque.
Pese a avances normativos recientes —como la aprobación de la ley electoral y la publicación del calendario electoral, considerados por el propio CPT como pasos clave para desbloquear la ruta democrática—, el desacato creciente de los grupos armados y las limitaciones operativas del Estado ponen en duda la viabilidad de organizar elecciones seguras, inclusivas y transparentes.
Tensiones internas y presión externa
A la compleja situación de seguridad se suman cuestionamientos sobre la gestión del propio Consejo Presidencial, particularmente en relación con designaciones interinas dentro del Ejecutivo. Entre ellas figura la del actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, quien ejerce en funciones desde noviembre de 2024.
La incertidumbre política se intensificó luego de que cinco de los siete miembros con derecho a voto del CPT firmaran una resolución exigiendo la destitución de Fils-Aimé, profundizando las divisiones internas dentro del órgano de transición.
En ese mismo contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo el viernes 23 de enero una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, durante la cual le recordó que el Consejo Presidencial de Transición debe disolverse el próximo 7 de febrero, conforme al calendario establecido.
Rubio expresó, además, su apoyo al rol de Fils-Aimé al frente del Gobierno haitiano, en una llamada que se produjo apenas un día después de la resolución interna del CPT, lo que añade un nuevo elemento de presión internacional sobre el frágil proceso político.
Un punto de inflexión para el país
Mientras persisten las dudas sobre el rumbo inmediato de la transición, febrero se perfila como una fecha determinante no solo en el calendario político haitiano, sino como una prueba clave para la viabilidad de un proceso capaz de devolver legitimidad institucional y encaminar al país hacia una estabilidad democrática largamente postergada.
El desenlace de las próximas semanas podría definir si Haití logra avanzar hacia la normalización constitucional o si, por el contrario, la transición vuelve a quedar atrapada entre la violencia, la fragmentación política y la debilidad del Estado.
