El Gobierno español ha aprobado un paquete de medidas urgentes para paliar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio, que incluye rebajas temporales en los impuestos sobre hidrocarburos y la eliminación progresiva del gravamen a la producción de energía eléctrica. Estas medidas, publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrarán en vigor este miércoles.
El decreto establece una reducción gradual en el impuesto sobre hidrocarburos para gasóleo y gasolinas sin plomo: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, se elimina la rebaja del IVA al 10% para los carburantes, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. En caso de que los precios de la gasolina y el gasóleo superen en más de un 15% el índice de precios al consumo (IPC) de junio de 2026, la reducción será de 20 céntimos por litro en agosto y 15 céntimos en septiembre.
Además, se mantiene un descuento de 20 céntimos por litro para los profesionales del sector primario y del transporte. La agricultura recibirá 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, sumándose a los 500 millones ya disponibles.
En materia energética, el Gobierno anuncia que el IVA del gas y la electricidad subió del 10% al 21% el 1 de junio, mientras que el impuesto sobre la electricidad aumentó del 0,5% al 5,1%. No obstante, se introduce un mecanismo de salvaguarda para reactivar medidas anteriores en caso de un deterioro significativo de la situación económica en agosto y septiembre de 2026.
El impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica también verá reducciones en sus pagos fraccionados para el tercer y cuarto trimestre de 2026. A partir de 2027, el tipo de gravamen se reducirá al 3,5% y se eliminará completamente en 2028.
Las empresas que reciban ayudas directas deberán cumplir con un plan de movilidad sostenible. En caso de incumplimiento, se les exigirá devolver las subvenciones recibidas. Además, hasta el 30 de septiembre de 2026, estas empresas estarán prohibidas de realizar despidos o ceses de actividad relacionados con causas económicas derivadas de la situación actual.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará los márgenes brutos de las estaciones de servicio y publicará una lista de aquellas con comportamientos anómalos. Los consumidores también podrán presentar reclamaciones por prácticas irregulares en estas estaciones.
Este paquete de medidas refleja los esfuerzos del Gobierno español para mitigar el impacto económico de la crisis energética global y garantizar la estabilidad en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.
