EE.UU. pide inmunidad para la presidenta interina de Venezuela en polémico caso judicial
El Gobierno de Estados Unidos ha pedido oficialmente que se reconozca la inmunidad diplomática de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, en una demanda civil presentada por ciudadanos estadounidenses que alegan haber sido detenidos injustamente en Caracas. La solicitud, firmada por Reed Rubinstein, asesor jurídico de la administración Trump, argumenta que Rodríguez debe ser protegida como jefa de Estado desde que Washington la reconoció en el cargo el pasado marzo.
La medida llega en medio de la estrategia estadounidense para estabilizar Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero de 2026. Estados Unidos insiste en que Rodríguez, como máxima autoridad interina, debe gozar de los mismos privilegios que otros líderes mundiales frente a procesos judiciales en su territorio.
¿Por qué la polémica?
Los demandantes, ciudadanos estadounidenses, acusan a Rodríguez de estar vinculada a supuestas detenciones arbitrarias durante su gestión en el gobierno venezolano. Sin embargo, la administración Trump asegura que el caso no debe avanzar mientras ella ostente el cargo, invocando normas de derecho internacional.
El Departamento de Estado ya había respaldado el estatus de Rodríguez como presidenta interina, un movimiento que marcó un giro en la política hacia Venezuela tras años de tensiones. Maduro, capturado en una operación encubierta y extraditado a EE.UU., enfrenta cargos por narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Reacciones y contexto
La solicitud de inmunidad ha reavivado el debate sobre el doble rasero de Washington en casos de justicia internacional. Mientras algunos aplauden el gesto como un paso hacia la normalización diplomática, críticos lo ven como un blindaje a una figura cuestionada.
El caso también refleja la frágil situación en Venezuela, donde Rodríguez intenta consolidar un gobierno de transición bajo la sombra de la crisis económica y las divisiones políticas. Estados Unidos, por su parte, insiste en que su prioridad es evitar un vacío de poder y apoyar una salida pacífica.
La decisión final del Departamento de Justicia podría sentar un precedente clave para futuras relaciones entre ambos países. Mientras tanto, los demandantes tendrán que esperar para saber si su lucha judicial sigue adelante.
