En Bolivia, el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta una creciente crisis social y económica debido a las protestas masivas contra el aumento del precio del diésel, impulsado por el Decreto 5676. Este conflicto ha llevado a bloqueos de carreteras y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, poniendo en riesgo el suministro de combustible y gas en varias regiones del país. La situación ha generado preocupación internacional, especialmente por su impacto en la estabilidad política de Bolivia y su relación con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la madrugada del miércoles 26 de agosto, productores de la provincia de Marbán, en el departamento de Beni, bloquearon la carretera que conecta Trinidad con Santa Cruz cerca del puente de San Pablo. Esta acción, en protesta por el aumento del diésel, interrumpió el tráfico y obligó a suspender los servicios desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que los bloqueos también impiden el transporte de gas natural licuado (GNL), dejando sin suministro a municipios del norte de Potosí, como Llallagua, Uncía, Chayanta y Aymaya.
El gobierno respondió con una fuerte represión, desplegando policías y soldados para dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Los enfrentamientos dejaron al menos cinco heridos y dos detenidos. Sin embargo, los productores continuaron su protesta al día siguiente, bloqueando nuevamente la carretera en desafío al estado de excepción declarado por el gobierno.
Este conflicto podría marcar el inicio de una nueva ola de movilizaciones similares a las que paralizaron el país durante 53 días entre mayo y junio. Sectores clave, como los productores de quinua orgánica en Potosí y las federaciones del Trópico de Cochabamba, han sumado sus voces al rechazo del decreto. También se han unido transportistas de carga pesada y mineros cooperativistas, quienes amenazan con huelgas si no se revierte la medida.
El Decreto 5676 fue implementado como parte de las condiciones impuestas por el FMI para otorgar créditos a Bolivia, lo que ha exacerbado el descontento popular. La presión sobre el gobierno de Paz aumenta día a día, especialmente desde la detención de Cerimedo, una figura internacional de extrema derecha acusada de intento de feminicidio, lo que ha profundizado la crisis política interna.
En medio de esta inestabilidad, el gobierno ha optado por mantener el estado de excepción como herramienta para controlar las protestas, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos. La situación en Bolivia refleja una lucha compleja entre las demandas populares y las presiones internacionales, con consecuencias impredecibles para el futuro del país y su gobierno.
