La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes un texto pionero que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años y extiende la prohibición del uso de teléfonos móviles en los liceos, en un intento por frenar los efectos negativos de estas plataformas sobre la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.
La iniciativa, impulsada por la diputada macronista Laure Miller y respaldada por el presidente Emmanuel Macron, será tramitada por un procedimiento acelerado para que pueda entrar en vigor a partir del curso escolar que comienza en septiembre de 2026. Francia se convertiría así, después de Australia, en uno de los primeros países en aplicar una restricción de este tipo a nivel nacional.
Según Miller, el objetivo es “establecer un límite claro” y enviar un mensaje directo a la sociedad: las redes sociales no son un producto trivial y tienen un impacto profundo en la construcción emocional y psicológica de los jóvenes. Diversos estudios oficiales respaldan esta preocupación. A mediados de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria alertó sobre los múltiples riesgos asociados al uso de plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat, entre ellos el ciberacoso, la comparación constante y la exposición a contenidos violentos.
TikTok fue una de las plataformas más señaladas durante el debate parlamentario, al considerarse que sus algoritmos pueden encerrar a los usuarios más jóvenes en espirales de contenidos dañinos, incluyendo mensajes que normalizan la automutilación o el suicidio. El texto prevé que ciertas redes sociales consideradas peligrosas queden prohibidas para menores de 15 años, con una lista que será definida por decreto tras el dictamen del regulador audiovisual Arcom.
La ley también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles en la educación secundaria, una medida que ya se aplica en las escuelas primarias y colegios. El Gobierno argumenta que esta restricción busca mejorar la concentración, reducir la presión social y limitar la exposición constante a las pantallas durante la jornada escolar.
El respaldo social al proyecto es amplio. Según encuestas citadas durante el debate, el 79 % de los adultos apoya la medida y el 67 % de los jóvenes la considera justificada. Los propios adolescentes reconocen los riesgos: casi la mitad afirma haberse sentido mal al compararse con otros en redes sociales y cerca de uno de cada cinco ha sufrido acoso o insultos en línea.
No obstante, la propuesta no estuvo exenta de críticas. Sectores de la izquierda alertaron sobre el riesgo de centrar el debate en la edad y no en la regulación estructural de las plataformas y sus modelos de negocio basados en algoritmos adictivos. También se advirtió sobre posibles vías de evasión, como el uso de VPN, y sobre la necesidad de reforzar la educación digital.
Para garantizar la aplicación de la ley, las plataformas deberán implementar sistemas de verificación de edad. Entre las opciones previstas figuran el uso de documentos de identidad con verificación facial o sistemas de estimación de edad mediante algoritmos, con el compromiso de que sean métodos fiables, no intrusivos y compatibles con la normativa europea.
El proyecto ahora deberá ser debatido en ambas cámaras del Parlamento francés. El desafío central será asegurar su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea y con el Reglamento de Servicios Digitales, para evitar que corra la misma suerte que una ley similar aprobada en 2023 que nunca llegó a aplicarse.
