Estados Unidos planea revocar alrededor de 200 mil visas de negocios y turismo (B1 y B2) emitidas entre 2016 y 2026 a personas que ingresaron al país como visitantes y luego solicitaron asilo. Esta medida, que podría ser una de las mayores anulaciones de visas en la historia del país, se anunciará en las próximas semanas en coordinación entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. El proceso será gradual y no implicará necesariamente deportaciones inmediatas, aunque ya ha generado críticas y preocupaciones.
El objetivo es frenar el uso de visas de corta duración como vía para buscar estancia permanente en el país. Christopher Landau, subsecretario de Estado, criticó abiertamente a quienes utilizan estas visas para luego solicitar asilo. Según documentos obtenidos por The Associated Press, los afectados son principalmente personas que llegaron como turistas o por negocios y después iniciaron procesos de asilo.
Este anuncio se suma a una serie de medidas migratorias más estrictas implementadas en los últimos meses. Desde hace 18 meses, el gobierno estadounidense ha revocado aproximadamente 175 mil visas a personas acusadas o condenadas por delitos como conducción en estado de ebriedad, violación o robo. También se ha endurecido el control contra el llamado "turismo de parto", una práctica en la que extranjeras viajan para dar a luz en suelo estadounidense y garantizar la ciudadanía por nacimiento para sus hijos.
En paralelo, el gobierno impulsó una iniciativa para cobrar una tasa de 103 mil 265 dólares a empleadores que contraten extranjeros mediante un programa de visas ampliamente utilizado en el sector tecnológico. Estas acciones reflejan un claro endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración actual.
El contexto se complica con casos como el de Luis Manuel Avilés, padre de un marine estadounidense, quien fue arrestado por autoridades migratorias pese a tener permiso laboral. Su hijo, Joshua, expresó que la detención afecta su capacidad para continuar con sus labores en el portaviones Abraham Lincoln. Al menos seis familiares de Avilés han sido deportados o se han autodeportado, según reportes.
Las nuevas medidas han generado preocupación tanto dentro como fuera de Estados Unidos, especialmente por su impacto en familias y sectores económicos que dependen de trabajadores extranjeros. Mientras las autoridades insisten en que estas decisiones buscan fortalecer la seguridad nacional, los críticos argumentan que podrían tener consecuencias negativas en la economía y en las relaciones internacionales.
