España busca modificar la ley de privacidad europea para facilitar el envío de datos fiscales a EE.UU.
El Gobierno español está impulsando un cambio en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea que permitiría transferir información personal de ciudadanos a Estados Unidos con fines tributarios. La propuesta, filtrada a POLITICO Europe, argumenta que este intercambio es "necesario para combatir el fraude fiscal en un mundo globalizado".
El Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la UE decidirá este viernes si avala la iniciativa. De aprobarse, Bruselas y el Parlamento Europeo negociarán la modificación, que ha generado preocupación entre expertos por su posible impacto en la privacidad de los europeos.
¿Por qué es polémico?
La enmienda relajaría las condiciones para enviar datos fuera de la UE cuando no existan acuerdos de protección suficientes. Aunque España insiste en equilibrar esta medida con los derechos ciudadanos, críticos como la organización European Digital Rights (EDRi) advierten que podría convertirse en una puerta trasera para transferencias masivas sin garantías.
El abogado especializado Samuel Parra alerta: "Rebajará las barreras de protección de datos de los europeos". Mientras, el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, reconoce que actualmente no se cumplen plenamente los estándares de seguridad al compartir información con terceros países.
El problema con EE.UU.
Estados Unidos exige a empresas tecnológicas como Google o Microsoft que entreguen datos fiscales de ciudadanos extranjeros bajo su ley FATCA. España firmó un acuerdo en 2013 para implementarla, pero expertos temen que la información pueda terminar en agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido por sus duras políticas bajo el gobierno de Trump.
El Tribunal de Justicia de la UE ya anuló dos acuerdos previos de transferencia de datos con Washington por considerarlos incompatibles con la privacidad europea. Bélgica ha llevado el caso actual ante la justicia comunitaria, que aún no se ha pronunciado.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda español asegura desconocer esta modificación del RGPD, aunque documentos oficiales confirman que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está detrás de la iniciativa. La polémica refleja el difícil equilibrio entre la cooperación fiscal internacional y la protección de los derechos digitales en la era de la globalización.
